Proyecto de Reparación

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La ley de raparación, que ingresará al Parlamento en marzo, establece al Estado como "único responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad" y de propiciar el "terrorismo de Estado" durante la última dictadura militar.

Con esta norma, se pedirá "perdón" por las violaciones a los Derechos Humanos, y se institucionalizará el 11 de abril como el "Día Nacional de la Memoria", utilizando la fecha del primer exterminio masivo proveniente del Estado, cuando el general Fructuoso Rivera masacró a los indígenas en Salsipuedes tras convocarlos con el pretexto de una pacificación nacional.

En la ley se contempla la reparación asistencial y económica a quienes no habían sido tenidos en cuenta por otras leyes sancionadas. Esta reparación integral buscará resarcir a quienes fueron encarcelados, perseguidos, forzados a vivir en la clandestinidad por su actividad política o social, exiliados y familiares de detenidos desaparecidos.

En declaraciones a La República, la abogada Hebe Martínez Burlé dijo que "ya era hora" de que se reconociera que "hubo delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado", y se mostró de acuerdo con el proyecto.

Martínez Burlé agregó dijo emocionada porque en la ley "se tomara como día histórico de la memoria, el día de la masacre de los indios en nuestro país, el famoso Salsipuedes".

"Elegir justamente esa fecha es muy importante, porque es una fecha de masacre, de terrorismo de Estado, y que también encierra el terrorismo de Estado que desgraciadamente sufrimos después", señaló.

Por su parte, el abogado Oscar López Goldaracena, autor de este proyecto que fuera presentado por la asociación Crysol en julio de 2007, dijo que la reparación de las víctimas "no es una dádiva", sino que el Estado "tiene el deber jurídico" de realizar estas reparaciones.

En tanto, el presidente de la asociación de ex presos políticos Crysol, Waldemar Tarocco, dijo al matutino que es "muy bueno" que el Estado pida perdón, al tiempo que destacó que el proyecto abarca otro tipo de reclamos.

En filas coloradas, dirigentes colorados consultados por La República se mostraron poco conformes con este proyecto de ley.

El diputado Daniel García Pintos criticó el plazo elegido para la reparación, febrero de 1973, y rechazó la elección de la fecha para el Día de la Memoria, porque es "una fecha que representa un agravio para el general Fructuoso Rivera".

García Pintos lamentó que "se hable de Salsipuedes como una expresión de terrorismo de Estado", y sostuvo que "del general Rivera no habla mal quien quiere, sino quien puede".

Sobre el tema de los plazos de reparación, el legislador señaló que "si esto prospera quiere decir que hay muertos de primera y muertos de segunda", recordando que en 2007 él presentó "un proyecto de ley para reconciliar, dando una reparación económica a los familiares de todas las víctimas".

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