Advierten sobre abusos policiales

El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), organización no gubernamental dedicada a la defensa de los Derechos Humanos, denunció el aumento de las denuncias recibidas por "procedimientos policiales que implican el uso desmedido de la violencia" y expresó su preocupación por el "modelo represivo" que caracteriza a las últimas políticas aplicadas por el Ministerio del Interior.

Luego de la polémica por la "infiltración" de policías en las marchas del 14 y 24 de agosto, IELSUR y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) emitieron un comunicado conjunto en el que advierten que desde la aprobación en 2008 de la Ley de Procedimientos Policiales "el Estado viene desarrollando operaciones y procedimientos que exacerban el poder punitivo y la violencia institucional, limitando y anulando garantías establecidas en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos".

En ese sentido, las instituciones señalan que "la expansión de la vigilancia policial - simbólica e instrumentalmente -, se materializó en las manifestaciones políticas realizadas el 14 de agosto y el 24 de agosto, y también en los hechos ocurridos recientemente en el barrio Santa Catalina".

Gianella Bardazano, integrante de IELSUR, dijo a Montevideo Portal que la institución está preocupada "por la cantidad de denuncias que recibimos sobre procedimientos que implican usos desmedidos de la fuerza", especialmente los que se realizan en el marco de "detenciones en averiguación".

Bardazano sostuvo que el IELSUR recibe cada vez más denuncias de este tipo, especialmente con "adolescentes y jóvenes" como víctimas principales. Según la representante de la organización, la zona oeste así como otros barrios "periféricos" son los que concentran mayor cantidad de casos de abusos policiales. "Allí la Policía suele actuar sobre barras de gurises, y la brutalidad y el patoterismo de los efectivos es impune", afirmó.

La vocera de IELSUR dijo que los procedimientos de "detención en averiguación" y de "incomunicación" comprendidos por la ley de Procedimiento Policial de 2008 "son inconstitucionales". En ese sentido, recordó que el instituto ya se había opuesto a la norma cuando fue aprobada, porque "restaura con rango de ley el decreto 690 de la Dictadura, que todos coincidíamos en que iba contra la ley".

"Esto se suma a una serie de medidas legislativas, como la Ley de Faltas, la de Internación Compulsiva o el nuevo Código Infraccional Juvenil, que avanzan hacia un enfoque represivo con relación al delito", consideró.

Denuncias sobre abusos

Las denuncias recibidas por IELSUR sobre abusos policiales son derivadas por la organización hacia Asuntos Internos del Ministerio del Interior o directamente hacia la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Sin embargo, no todas las demandas obtienen los resultados esperados.

"Lo ideal es que si uno hace la denuncia ante la Justicia o la INDDHH, la misma debería terminar en algo", señaló Bardazano, reconociendo que las demandas no siempre son atendidas con celeridad. En ese sentido, opinó que la INDDHH "debería tener un rol proactivo" en ese tema.

"La INDDHH debería encargarse más de estos temas, ya que tiene la potestad de pedirle informes a la Policía y entrar a las comisarías o a los centros de detención", agregó, aclarando que de todos modos el organismo "no debería sustituir al Poder Judicial".

Según la representante de IELSUR, el Instituto de Derechos Humanos, que comenzó a funcionar en 2013, "todavía no ha logrado asentarse". Incluso, lamentó que algunas de las denuncias presentadas por el instituto ante la INDDHH "no han caminado".

"Infiltraciones" no están amparadas por la ley

Consultada sobre el mecanismo de "infiltración" de policías en movilizaciones, presuntamente aplicado por el Ministerio del Interior en las marchas del 14 y el 24, Bardazano sostuvo que "no son procedimientos amparados por la ley".

La representante de IELSUR explicó que dichos operativos están catalogados como "investigaciones secretas" de la Policía, pero recordó que la Ley de Procedimiento Policial "establece que los policías tienen la obligación de identificarse" al momento de proceder a una detención.

Sin embargo, aseguró que hay efectivos que "no cumplen" esa disposición y que en los últimos tiempos se produjeron detenciones por parte de policías "de particular"

Además, Bardazano afirmó que este tipo de procedimientos marcaron "lo que parece ser una especie de ensañamiento con determinados grupos, que tienen una forma especial de ejercer la protesta".

Durante el Consejo de Ministros de este lunes, el ministro del Interior Eduardo Bonomi se refirió al tema y aclaró ante el presidente José Mujica y los demás secretarios de Estado que no hubo "infiltrados" durante las marchas, sino que se trató de "observadores", según explicó el secretario de Presidencia Homero Guerrero al final del encuentro.

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