La representante de más de 500 ex ahorristas del Banco de Montevideo, que quebró en 2002 precipitando una crisis financiera, celebró el martes una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obliga al Estado uruguayo a revisar sus reclamos.
"Creemos que es una buena sentencia para nosotros, los argumentos son positivos y nos pone en una situación muy favorable de cara al nuevo órgano que se crea para fallar en un plazo de tres años", destacó la notaria Alicia Barbani, representante de los exahorristas.
En su sentencia del 13 de octubre y difundida este martes en Uruguay, la CIDH consideró que el Estado violó derechos de 539 ex ahorristas del Banco de Montevideo y cuestionó el desempeño del Banco Central (BCU) y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Dispuso así que el Estado "debe garantizar que las víctimas de este caso o sus derechohabientes puedan presentar nuevas peticiones (...) las cuales deberán ser conocidas y resueltas, en un plazo de tres años, con las debidas garantías por un órgano que tenga la competencia necesaria para realizar un análisis completo".
El Estado deberá pagar a cada ahorrista 3.000 dólares de indemnización, hacerse cargo de los costos del juicio y conformar un órgano imparcial para que reciba los reclamos y resuelva si corresponde reintegrar el dinero que perdieron los ahorristas, con el límite de 100.000 dólares que establece la legislación uruguaya.
Barbani indicó que "la gran mayoría tenía menos de 100.000 dólares" y estimó que el total del dinero reclamado debe rondar los 40 millones de dólares.
Recordó además que de las 708 familias que iniciaron el reclamo, "muchos quedaron por el camino, y hubo muchos suicidios".
"Hoy esta lista de 539 personas está integrada por gente muy mayor que oscila entre los 77 y los 97 años de edad. Ahora nos sentaremos con el Estado a ver de qué forma podemos solucionar esto, si hay alguna posibilidad de que esos tres años sean menos, por las personas", explicó, indicando que aún no han tenido contacto con autoridades del gobierno.
El Banco de Montevideo fue suspendido por el Banco Central uruguayo en julio de 2002, lo que precipitó una crisis que generó la pérdida de 45% de los depósitos y 80% de las reservas de Uruguay en ese año.
Los ex ahorristas que apelaron a la CIDH tenían certificaciones de depósitos constituidos por el Banco de Montevideo en el Trade and Commerce Bank, también propiedad del Grupo Velox pero ubicado en Islas Caymán y liquidado en julio de 2002.
Desde el Banco Central indicaron a la AFP que por ahora no se brindarán declaraciones sobre la sentencia de la Corte.
(Fuente: AFP)
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