Uruguayos podrían ser expulsados

El certificado de antecedentes judiciales, de buena conducta o de penales fue instaurado el 2 de diciembre del año 1980 a través del Decreto del Poder Ejecutivo No. 630.

La “joyita”, impuesta por el régimen dictatorial, el “Certificado de Fe Democrática” (donde se clasificaba a los ciudadanos en A, B o C, según el grado del “peligroso criminal”) quedó modificada por el nuevo Decreto.

El certificado de antecedentes (del país de origen) es esencial para la solicitud de renovación o nuevo pasaporte, renovar la residencia o solicitar la nacionalidad del país donde se reside. Este documento fue impuesto por la dictadura como forma de controlar y hacer callar a los miles de exiliados en el exterior.

A finales del setenta y en la década de los 80 casi todas las dictaduras latinoamericanas solicitaban un documento parecido al uruguayo. En la actualidad casi ningún país pide un certificado de esta naturaleza cuando se realizan los trámites de renovación o expedición del pasaporte en las oficinas consulares en el exterior.

Las protestas se extienden por todo el territorio español y en otras partes del mundo; ya era complicado mandar a pedir gestionar el certificado en Uruguay pero la cosa se complica más, ya que sólo los familiares directos lo pueden gestionar (y hay gente que no tiene a nadie).

La gestión tarda un montón de tiempo (el coste es de unos 45 €) y cuando llega tiene caducidad de tres meses. Hay uruguayos que no tienen Consulado en las islas en que residen y no se pueden trasladar porque se encuentran en situación irregular; cuando logran movilizarse o llega el Cónsul a su Isla, si se les pasa el certificado 15 días, aplican la norma y no le renuevan el pasaporte o no le dan uno nuevo.

Consecuencias de un decreto que nunca debió existir:

- A la gente que está irregular se le suma no tener documentación del país de origen.

- Los que tienen residencia pueden perderla por no tener a tiempo su documentación.

Somos conscientes de que muchas veces los funcionarios son más flexibles con los trámites, pero no debe ser por la voluntad de ellos, debe ser una orden del Gobierno.

A Europa, aunque todavía le hacen falta, le molesta los inmigrantes. Aplican la Directiva Europea del Retorno, los persigue, los encarcela y los expulsa. Y son tan cínicos que protestan por las expulsiones de gitanos en Francia.

En España, nada ha cambiado con respecto a los uruguayos, siguen echando gente para atrás, siguen haciendo "ratoneras" en los metros y lugares públicos y se llevan presos hasta los reporteros gráficos que cubren la noticia.

Los uruguayos debemos probar que somos buena gente ante los foráneos y ante nuestro Gobierno. Se calcula que sigue habiendo medio millón de compatriotas en el exterior con pasaporte, a los que hay que sumar los que están en Uruguay que también lo tienen, a todos se les aplica la normativa. Eliminar el requisito del certificado de penales o de buena conducta, sería lo lógico.

Desde Madrid, Juan Sotelo de Brun