Los funcionarios de OSE están convencidos de que en octubre los ciudadanos respaldarán la modificación de la Constitución para impedir la privatización del suministro del servicio.
"Logramos una primera victoria y ahora vamos por otra definitiva", dijo Adriana Marquesio, vicepresidenta de la Federación de Funcionarios de OSE, al comentar la resolución de la Corte Electoral que validó 247.141 firmas y habilitó un plebiscito para definir el futuro del suministro de agua.
La Comisión de Defensa del Patrimonio Nacional, integrada por el gremio de los funcionarios de OSE y otras organizaciones sindicales, defensoras del medio ambiente, impulsa el referéndum para modificar un artículo de la Constitución y lograr que el servicio de agua potable y el de saneamiento sea prestado exclusivamente por el Estado.
"El agua es fundamental para la vida, y muchas empresas internacionales llevan adelante una búsqueda voraz por hacerse con el suministro en varias partes del mundo", destacó la dirigente sindical.
La Comisión pretende que el suministro de agua potable siga siendo monopolio oficial y "que el Parlamento y la ciudadanía mantengan un control estricto de cómo se maneja ese recurso clave para el país", agregó.
Según la sindicalista, la experiencia de privatización del servicio en parte del departamento de Maldonado, uno de los principales del país, "ha sido muy negativa" porque se han aumentado las tarifas y no se ha cumplido el cronograma de obras de saneamiento.
El anuncio de la realización del plebiscito causó preocupación entre los empresarios próximos al sector, señaló hoy la prensa local. El presidente de la Cámara de Industria, Diego Balestra, afirmó que la gremial aún no se ha pronunciado sobre el tema, pero que lo analizará a la brevedad.
El referéndum, que tiene el apoyo de la coalición de izquierdas Frente Amplio y de un sector del Partido Nacional, se realizará el 31 de octubre, en forma paralela a la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Para que la iniciativa sea aprobada deberá obtener mayoría simple de los votantes. En Uruguay el voto es obligatorio. Quienes apoyen la reforma de la Constitución deberán incorporar una papeleta por el "Sí", junto a su voto por el candidato presidencial.
"Ahora se inicia otra etapa que es convencer a 1,3 millones de uruguayos para que se den cuenta de la trascendencia del tema y voten la modificación", agregó Marquisio.
