Por primera vez en la historia del país fueron procesados con prisión seis militares y dos ex policías, por crímenes cometidos en la dictadura. La decisión del juez Luis Charles sólo abarca el caso de la desaparición de Adalberto Soba.
El juez Luis Charles decidió hacer lugar al pedido de la fiscal Mirtha Guianze y procesó con prisión a los militares retirados y ex policías por los delitos de privación de libertad y asociación para delinquir durante la dictadura.
Los oficiales José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Ernesto Rama, Luis Maurente y los ex policías Ricardo Medina y Pedro Sande fueron procesados sólo por la desaparición del militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Adalberto Soba, según informó a la AFP el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat.
Guianze había pedido el procesamiento por el caso de Soba y de los también militantes del PVP Alberto Mechoso, León Durarte y Gerardo Gatti; así como del militante tupamaro Washington Barrios, quienes habrían pasado por el centro de detención argentino 'Automotores Orletti'.
Estas desapariciones fueron excluidas de la Ley de Caducidad, que no incluye las desapariciones en el exterior ni los delitos con móviles económicos.
Charles "entendió que sus facultades estaban limitadas a ese caso en concreto en virtud de la resolución del Poder Ejecutivo", señaló Oxandabarat, en referencia a que el juez consideró que sólo la desaparición de Soba estaba excluida de la Ley de Caducidad.
El juez no pudo decidir sobre Manuel Cordero, prófugo en Brasil, porque nuestra legislación no permite procesar en ausencia.
Los procesados se retiraron esposados del juzgado de la calle Misiones, en medio de un fuerte operativo de seguridad que no impidió que aquellos que habían concurrido a las puertas del juzgado les arrojaran huevos y profirieran insultos varios.
Los hijos de Soba y Mechoso estuvieron presentes desde la mañana esperando el dictamen del magistrado, y se mostraron visiblemente emocionados una vez conocido el fallo.
La abogada Hebe Martínez Burlé, que defiende a familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, dijo a la prensa, con lágrimas en los ojos, que "hoy sí empieza el derrumbe del muro de la impunidad en este país, de recuperación de la dignidad de la justicia".
No obstante, dijo esperar "que también caigan los verdaderos responsables, porque en definitiva los que hoy fueron presos fueron los ejecutores" y "todavía quedan pendientes aquellos quienes dieron las órdenes".
Si bien aún no ha trascendido por cuántos años se impondrá la pena a los detenidos, por el tipo de delitos tipificados se estima que puedan afrontar hasta 18 años de cárcel. Es de esperar que la defensa presente una apelación.
Tampoco se sabe si serán detenidos en una cárcel especial, pero por el momento quedarán recluidos en Cárcel Central. Fuentes judiciales indicaron a la AFP que el lugar donde serán detenidos "es resorte exclusivo" del Ministerio del Interior, y no decisión del juez.
Por otra parte, el juez Juan Carlos Fernández Lecchini aún debe pronunciarse por los pedidos de extradición que recaen sobre los ahora procesados, pero en caso de darles lugar, habrá que esperar a que culmine el proceso y la eventual condena antes de enviarlos a Argentina.
