Este lunes volverán a pasar por el juzgado los militares acusados de las desapariciones de los militantes del PVP Adalberto Soba y Alberto Mechoso. El juez Luis Charles podría dictar su procesamiento por privación de libertad y asociación para delinquir.
Nueve ex militares y policías podrían convertirse desde este lunes en los primeros procesados en nuestro país por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, si el magistrado hace lugar a la petición de la fiscalía.
El dictamen fiscal señala que "existen elementos de convicción suficientes para atribuir (a los imputados) asociación para delinquir y reiterados delitos de privación de libertad en su modalidad agravada", tipificación que, dada la concurrencia de delitos, conlleva una pena de hasta 18 años de cárcel.
La histórica resolución judicial comenzará a desentrañarse desde las 08.00 horas, cuando los imputados comparezcan a declarar ante Luis Charles en compañía de sus abogados defensores.
La decisiva instancia se aborda luego de que el pasado 29 de agosto la fiscal Mirtha Guianze pidiera el procesamiento de los ex militares José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Juan Antonio Rodríguez Buratti, Ernesto Rama, Luis Maurente y los ex policías Ricardo Medina y Pedro Sande, en el marco de una causa por la desaparición de cinco uruguayos en Argentina.
La solicitud de fiscalía también abarca un pedido de captura internacional con fines de extradición del militar retirado Manuel Cordero, quien según informaciones en la órbita judicial, se encuentra prófugo en Brasil donde contrajo matrimonio y tramitó asilo político ante las Naciones Unidas.
La investigación se centra en las desapariciones de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Adalberto Soba, Alberto Mechoso, León Durarte, Gerardo Gatti y del militante tupamaro Washington Barrios, quienes habrían pasado por el centro de detención bonaerense Automotores Orletti.
El juez Charles también investiga un vuelo clandestino que en octubre de 1976, habría traído desde Argentina a prisioneros políticos luego ejecutados y cuyas causas fueron unificadas en un solo expediente.
Fuentes judiciales vislumbran los procesamientos como "inminentes" y si bien corren recién 12 de los 45 días que dispone el juez como plazo legal para dictar resolución, aseguran que el magistrado habrá de pronunciarse esta semana y no descartan que avale los procesamientos el mismo lunes.
Los acusados también enfrentan un pedido de extradición de la justicia argentina, por su presunta participación en el Plan Cóndor, que coordinó la represión entre las dictaduras de la región en los años 1970.
Siete de ellos se encuentran recluidos en Cárcel Central, mientras que los coroneles Ernesto Rama y Luis Maurente permanecen internados en el Hospital Militar con afecciones cardíacas y respiratorias, motivo por el cual serán interrogados en el mismo centro asistencial.
La competencia del procedimiento retornó el jueves al juez de la causa, luego de que la Suprema Corte de Justicia, rechazara el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de siete implicados, dejando en suspenso las actuaciones.
Durante la anterior etapa indagatoria el ex militar Gilberto Vázquez -expulsado recientemente del Ejército-, confesó ser el "ideólogo" del Plan Cóndor, precisando que no participaba "de la parte operativa, de las ejecuciones", sino que se encargaba de "lo intelectual".
Su camarada José Gavazzo en tanto, admitió haber sido "oficial de enlace" en Automotores Orletti, y que su tarea consistía en "intercambiar información y listas de personas".
