A continuación transcribimos el meollo de la propuesta:

“Agréguese al artículo 77 de la Constitución el siguiente numeral:

13º ) Los ciudadanos uruguayos habilitados para votar tienen derecho a ejercer el sufragio en elecciones, plebiscitos o referéndum, desde cualquier país donde residan o se encuentren, por la vía epistolar. Además de esa vía, la Corte Electoral podrá instrumentar otros procedimientos, siempre que asegure que el sufragio se ejerza con las mismas garantías”.

Los redactores del texto propuesto “cortaron grueso”, como suele decirse. No sólo habilitaron el “voto epistolar” a cualquier efecto –“elecciones, plebiscitos o referéndum”- y sin limitación alguna (Italia, por ejemplo, limita el número de senadores y diputados que se eligen desde el exterior), sino que además establecieron que los ciudadanos pueden votar por correo “desde cualquier país donde residan o se encuentren”. La amplitud de la expresión “cualquier país” es tal, que incluye al propio Uruguay.

Al amparo del tenor literal de la enmienda propuesta, se puede sostener que un ciudadano residente en el país, en vez de ir a votar al circuito que le corresponde, puede votar por correspondencia. Como son decenas y quizás centenas de miles los uruguayos que viven en el país pero no residen en el departamento donde están inscriptos y por esa razón deben viajar a dicho departamento el día de la elección, puede asegurarse que habrá una clientela dispuesta a aplaudir y apoyar a quienes mañana reclamen que la norma se interprete con la irrestricta amplitud que impone su tenor literal (“donde la ley no distingue no debe distinguir el intérprete”, decían ya los romanos). Cuando alguien intente replicar que hay todo un régimen electoral y una tradición casi secular que se oponen a tamaño dislate, se le contestará diciéndole que la nueva norma es de rango constitucional, posterior en el tiempo y especial en la materia, por lo que según todos los criterios, se impone sobre la legislación anterior.

Como además sucede que buena parte de esos uruguayos que no residen en el departamento donde están inscriptos, viven precariamente en asentamientos de Montevideo y Maldonado, a los argumentos jurídicos podrá agregársele la invocación a la “justicia social”: es justo que los uruguayos más pobres puedan votar sin tener que pagar los pasajes hacia y desde su departamento. Si mañana los “bacanes” que viven en París o Nueva York pudieran votar por correspondencia, ¿por qué no podrían hacerlo los compatriotas hundidos en la miseria del “Cuarenta Semanas”, el “Capra” o el “Nuevo Marconi”? No hay que hacer un gran esfuerzo para imaginar los conmovedores discursos que pueden hacerse en esta línea.

Le pido al amable lector que haya llegado hasta aquí, que relea la enmienda propuesta. Verá que dice que “la Corte Electoral podrá instrumentar otros procedimientos [además del voto epistolar], siempre que asegure que el sufragio se ejerza con las mismas garantías”. ¿Qué garantías?

El voto epistolar no ofrece garantías de especie alguna, ni del secreto del voto ni siquiera de la identidad del votante. Conozco y soy amigo de uruguayos que son ciudadanos italianos al igual que sus hijos, que reciben en su domicilio sendos sobres con las hojas de votación para cada miembro de la familia, y que sabiendo que a sus hijos les interesa el pasaporte de la Unión Europea pero no las elecciones italianas, votan diligentemente por todos...(me los imagino, además, diciendo en tono rezongón en el almuerzo del domingo: “me ocupé de votar por ustedes, porque como siempre, Papá se encarga de todo...”).

El “voto epistolar”, tal como está planteado, es un verdadero disparate. Su aprobación implicaría crear un enorme boquete de inseguridad y falta absoluta de garantías, en un régimen electoral que hasta hoy es motivo de orgullo legítimo para el país.