27.05.2009 10:52

La controversia tuvo varias facetas, pues el tema tiene, evidentemente, distintos aspectos que se prestan a la discusión.

Un punto, empero, no debiera a mi juicio estar en debate. Se trata de un hecho: el día 16 de Abril de 1989, se realizó en el Uruguay un referéndum, en el que el Cuerpo Electoral decidió, soberanamente, ratificar la Ley de Caducidad. Ochocientas mil personas votaron por la revocación de la ley; un millón cien mil lo hicieron por su confirmación, y la ley mantuvo su vigencia.

Podrá reclamarse ahora la reapertura del debate y la realización de una nueva consulta popular; pero lo que no debiera hacerse, me parece, por respeto a nosotros mismos, es tratar de desmerecer lo que fue la manifestación de voluntad de los ciudadanos que aquel día votamos, según nuestro leal saber y entender, por lo que consideramos mejor para el país.

La Dra. Hebe Martínez sostuvo, sin embargo, que cuando en Abril de 1989 la Ley de Caducidad fue sometida a referéndum, mucha gente estaba “aterrorizada” por el recuerdo de la dictadura. Ese “terror” habría viciado, según ella, el pronunciamiento popular de aquel día.

Pues bien: quizás ella se haya sentido “aterrorizada” –no puedo dudar de su sinceridad-, pero no era “de terror”, ni mucho menos, el clima general imperante.

Lo sabemos bien quienes votamos aquel día y recordamos los dos años de intensísima y libérrima campaña desarrollada por quienes se oponían a la ley (los promotores del llamado “voto verde”), a lo largo y a lo ancho de todo el país.

Pero más allá de las memorias de unos y los olvidos de otros, hay hechos que no se pueden soslayar y que refutan, categóricamente, la tesis del voto viciado por el temor.

En primer lugar: la misma noche de aquel 16 de Abril, el General Seregni –entonces presidente del Frente Amplio- y la Sra. Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz (presidente de la Comisión que promovía el “voto verde”, es decir la revocación de la ley), reconocieron el resultado adverso a sus pretensiones y dijeron que lo acatarían. No pusieron en tela de juicio la legitimidad del pronunciamiento popular. Por el contrario: con hidalguía y lealtad democrática aceptaron expresamente el veredicto de las urnas y se comprometieron a acatarlo. Nadie dijo entonces que hubiera existido el “terror” que ahora, veinte años después de los hechos, algunos pretenden que existió.

Segundo: en 1980, en plena dictadura, esta quiso legitimarse y perpetuarse a través de la sanción de una nueva Constitución, que sometió a plebiscito. Para asombro del mundo entero, la dictadura perdió el plebiscito: el pueblo uruguayo votó NO, por clara y contundente mayoría. Si la gente se atrevió a votar en contra de lo que los militares querían en 1980, en plena dictadura, es insostenible la tesis de que votó “aterrorizada” en 1989, en plena democracia.

Tercero: hubo 800.000 ciudadanos que votaron por la revocación de la ley; fueron mayoría, incluso, en el departamento de Montevideo. ¿Qué clima de “terror” era ese, que 800.000 personas no lo sintieron? (A nadie se le ocurre, supongo, que los montevideanos son valientes y los habitantes del interior, cobardes).

Cuarto: ese mismo año, pocos meses después del referéndum, se celebraron las elecciones nacionales. El Frente Amplio aumentó su caudal electoral y conquistó, por primera vez, la Intendencia de Montevideo. Esos resultados tampoco son compatibles con la existencia de un pretendido “terror” de la gente, que viciara su comportamiento electoral.

Discutamos pues sobre lo discutible, pero sin tergiversar los hechos.

En este país, hace veinte años, la mayoría votó libre y soberanamente por la ratificación de la Ley de Caducidad.

Para preservar la lealtad en el debate, no debiera ponerse en duda, con veinte años de atraso, lo que en su día fue reconocido por todos.

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