14.09.2007

Al finalizar la dictadura creo que no había un solo frentista -sin perjuicio de demás hombres de otros sectores- que no hubiera sellado dentro de su alma un compromiso de sangre para que algún día amaneciera la justicia, y los asesinados desaparecidos y torturados fueran reivindicados en su esencia humana a través de la justicia, la verdad y el castigo.

La fe en el culto de la ley propagada por el batllismo, cierta siesta de paz pueblerina después de 1904, y la ausencia de dramas étnicos o sociales graves fueron impactados duramente por la dictadura militar de 11 años, pues de algún modo creíamos en la autoprotección de nuestro sistema.

Digo dictadura militar y no cívico militar, porque se pretende mezclar al pueblo en el atropello y la verdad es que las Fuerzas Armadas nunca pudieron integrar a ninguno de los partidos políticos y sus colectividades, sirviéndose solamente de hombres sueltos, desertores de sus ideas, que siempre suelen estar a la espera para trepar. La ética es única e indivisible. No puede existir una ética cuando se trata de acceder al poder y se plantean grandes transformaciones estructurales de la sociedad y la defensa humanista del hombre y después, en el poder, inventar todo tipo de excusas circulantes entre los desprotegidos como marketing ("dale tiempo", "la herencia maldita de los partidos", "algo se ha hecho", "es un país sin recursos", "nos sorprendió la realidad"), para sostener el caudal político electoral con vistas al futuro.

... Todo lo sólido se desvanece en el aire del pragmatismo

Teníamos derecho a pensar que logrado el gobierno como se había ganado, con mayoría absoluta parlamentaria, existiría la seguridad de sancionar una ley anulatoria por la mayoría frentista a la máxima brevedad.

Lamentablemente, el tejido intrincado del poder y los cargos, el hambre de la fama como sustituto de la inmortalidad que ataca a los políticos y especialmente a los veteranos, los temores y los intereses creados empezaron a roer aquella promesa tácita interna de la lucha contra la impunidad.

Con el tiempo y la ambición, como dice el título, todo lo sólido suele desvanecerse en el aire del pragmatismo

Las variantes escapistas fueron muchas. "Lucharon por sus ideas, háganles un monumento y no embromen con la impunidad". "Está bien, fue horrible y lo lamentamos pero tenemos que gobernar".

Otros: "ha pasado mucho tiempo y no podemos vivir con esa carga en nuestra mente en forma permanente". "Fueron luchadores, lo sentimos mucho pero existen nuevos problemas en el imaginario social".

El escape total se ha comprobado. Hoy es preciso desarrollar una acción popular.

Nos consta que luego de tentar la búsqueda fracasada de una vía normal parlamentaria, un conjunto de hombres y de distintas organizaciones políticas y sociales se ha visto obligado a iniciar una reforma constitucional que tenemos el deber de apoyar, y que fuera lanzada el martes 4 en el Teatro El Galpón, sobre la base de un proyecto de reforma constitucional del Dr. López Goldaracena.

Sin embargo, no se puede callar la falla de la ética política. No puedo pedir firmas para el objetivo, y de alguna manera adoptar el silencio sobre lo que pudo ser y no fue, por designio de las voluntades de quienes hoy ejercen el poder político.

También para reprocharles a los dueños del poder que expongan un claro objetivo ético y profundo a las alternativas difíciles -por más que tengamos confianza en el pueblo- de la búsqueda de las firmas, a la espera de tiempo y a la mezcla ajena al tema, derivada de la coincidencia con el próximo evento electoral.

Y no por afán de culpabilizar sino porque a quienes fallan hoy en un tema de filosofía esencial, les va a faltar el certificado de buena conducta ideológica que sólo lo otorga el pueblo. ¿Qué identidad civilista personal pueden postular para futuros cargos si han ayudado a esta omisión de nuestra fuerza política, para proteger a las Fuerzas Armadas y a los culpables de las violaciones infamantes a los derechos humanos de nuestros hermanos y compañeros uruguayos, que quedaron o fueron víctimas en la lucha contra la salvajada histórica.

El perfil moral de un pueblo no se construye con el consentimiento a cualquier actitud de sus gobernantes, bajo el signo del hincha que apoya al cuadro nominado de izquierda como sea porque es el suyo.

Eso no puede admitirse, cuando nace del espíritu de mucha gente -que escapa a la jaula invisible del sistema como lo decía el Che Guevara- aquella frase acuñada en la crisis argentina de : "que se vayan todos".

La traducción constituciónal del "que se vayan todos" sería el referéndum revocatorio que algunas constituciones tienen y que el pueblo uruguayo debería tener, como una ineludible expresión de la democracia directa, para votar periódicamente quién puede y debe seguir y quién no. Y no se me objete que el referéndum gasta mucho, como lo hemos oído en oportunidad de algunas consulta de referéndum, porque cuanto más soberanía y democracia directa mejor. Y porque si no, le voy a recordar el pago a la Moon o la privatización de Pluna, o el asunto Satenil o la pérdida de Casinos, entre otros. 

La respuesta popular necesaria 

No se trata de reiterar el comentario el desastre ético porque sí, sino para impulsar la respuesta de la firmas, para incorporar la defensa de los derechos humanos agredidos por la impunidad que dura 34 años.

Valen algunas precisiones sobre la iniciativa de reforma constitucional para evitar algunas dudas jurídico políticas.

¿Por qué se lanzó una reforma constitucional y no una ley de iniciativa popular conforme al artículo 79 de la Constitución?

Podría pensarse que por reforma se demora más, porque hay que esperar a la próxima elección y estamos a dos años y medio de ella. La iniciativa popular de una ley, en cambio, podría tanto recoger como presentar las firmas de inmediato.

Sin embargo si bien es cierta esa ventaja de rapidez, existe una ventaja indudable de la reforma que consiste en que si el resultado del plebiscito resulta favorable, será una norma constitucional y eso le dará mayor seguridad y permanencia que si se establece por ley, que puede ser derogada por el Parlamento en cualquier momento. En cambio, fijar la anulación de la impunidad en una disposición de la Constitución le da más fijeza porque corregir la Constitución siempre es más trabajoso; porque es obligatoria la intervención plebiscitaria del pueblo, lo que no pasa con cualquier ley ordinaria.

Hay que aclarar que carece de toda validez jurídica la pretensión de algunos políticos frentistas, que sostienen para defender el triunfo del voto amarillo que el resultado legal del referéndum técnicamente no se puede modificar por otra ley.

Eso emergía de los fundamentos del ex revolucionario Fernández Huidobro en su discurso a favor de la impunidad y en contra de la anulación en el Congreso Héctor Rodríguez, pretendiendo que predomina sobre una ley futura y que se debía cumplir el compromiso emergente del plebiscito.

La ley emergente del triunfo en un referéndum no tiene mayor jerarquía jurídica, aunque sí prestigio, que cualquier otra ley por la que intervino el pueblo. Pero la Constitución no le asigna superioridad frente a la ley común.

Y por supuesto siempre es posible otro referéndum, lo que parece radicalmente importante en este caso ya que en nuestra sociedad, cuando el plebiscito del llamado "voto verde", existía una fuerte impregnación de miedo a otro Golpe y a otra vez la violencia y los militares, lo que deformó el verdadero resultado para nuestro pueblo que en el 80 había desafiado a la dictadura con el plebiscito constitucional.

No estamos de acuerdo - e importa para otros casos-, en que utilizar la vía de la iniciativa popular tenga que pasar a través del Parlamento, porque de ser así no sería democracia directa como lo designa la Constitución, ya que un medio de democracia directa no se puede pasar por el filtro parlamentario representativo.

No estamos de acuerdo en que deba recurrirse a la reforma constitucional para evitar la ley de iniciativa popular porque deba pasar por el Parlamento. Y nos importa sobremanera el tema frente a la futura utilización de la iniciativa popular en proyectos sobre otras temáticas. Sí es preferible la reforma, por lo ya dicho sobre su superioridad a la ley.

En el año 2002 presentamos como Corriente de Izquierda ante la Mesa Política del Frente Amplio una iniciativa popular del artículo 79 de la Constitución para la anulación de la ley de impunidad. Se cuestionó la viabilidad constitucional, e inclusive se consultaron dos especialistas y se aceptó el procedimiento más allá de que no se haya puesto en marcha por diferentes razones. En esa propuesta planteábamos la ley de iniciativa popular, y que una vez recogido el 25% de las firmas necesario, de ninguna manera debía elevarse al Parlamento porque entonces no sería democracia directa como la define el artículo 82 de la Constitución.

Las firmas se debían elevar al Poder Ejecutivo para que convocara directamente el referéndum sin ninguna discusión parlamentaria. Esto es en base al artículo 332 de la Constitución y a la utilización como norma análoga la ley Municipal y su referéndum. Así podría haber sido la anulación de la impunidad por ley, porque nadie discute que el referéndum es un medio de democracia directa

Según el artículo 82 de la Constitución nadie puede discutir que en el artículo 79 de la Constitución se establece la necesidad de la reglamentación. Tampoco nadie discute que el artículo 332 de la Constitución permite sustituír la reglamentación no cumplida por las normas análogas. Y sostuvimos que el referéndum está establecido en la ley orgánica municipal.

A modo de resumen

Resulta claro que en primer término hubiera correspondido al Frente Amplio, mediante su mayoría parlamentaria absoluta, sancionar la ley anulatoria de la de impunidad El Parlamento, contra lo sostenido por algunos, puede ejercitar el recurso de anulación por violación de las normas internacionales del Derecho Humanitario y porque ya lo hizo por ley cuando se reinstitucionalizó el País y nadie lo discutió. Esto no se hizo porque no se quiso hacer.

El actual Presidente frentista de la Cámara de Diputados, ex sindicalista, fue explícito cuando se le preguntó en un programa televisivo después del lanzamiento de la iniciativa de reforma constitucional si iba a firmarla. Expresó que no y se basó en el resultado del plebiscito del voto verde al igual que su colega Fernández Huidobro.

Por eso se ha seguido la segunda vía de la reforma constitucional, que le acuerda especial fijeza al referéndum si sale triunfador. Y también hubiera sido posible la iniciativa popular conforme al artículo 79.

Y por último no puede descartarse que los jueces que intervinieron en las violaciones a los derechos humanos hubieran podido declarar inaplicable la ley 15848 por violar diversas normas internacionales, entre otras la Convención de las Naciones Unidas sobre imprescriptibilidad de los delitos de violaciones de derechos humanos con vigencia el 11 de noviembre de 1970, así como la resolución de las Naciones Unidas Nro. 3074, numeral 8 con vigencia del 3 de diciembre de 1973, que prohibió dictar cualquier norma que protegiera o impidiera la persecución de los autores de delitos de lesa Humanidad, lo que debería haber impedido sancionar nuestra 15848 de impunidad, además de otras normas internacionales.

La recolección de firmas no va a ser fácil por lo que nadie debe estar omiso. Debemos levantar una gran campaña porque nos va en ello un gran compromiso ético con nuestra propia historia. Tenemos que tener claro que tendremos en contra importantes sectores del Frente Amplio.

Me ha generado estupor que la Asociación de Familiares de Desaparecidos no tomara participación formal en el acto de lanzamiento , porque existían frenteamplistas que no estaban de acuerdo en la Comisión en adherir a la campaña de firmas . Y sin duda ,es muy posible que los sectores políticos del FA, que respaldan la posición de los legisladores a quienes hemos aludido, van a operar en contra de la recolección de firmas.

También el Gobierno, con sus medios de publicidad, es posible que se convierta también en un obstáculo, en la medida que quiebre posibles compromisos con las Fuerzas Armadas. Los que pensamos que es preciso engendrar una nueva sociedad más justa y liberarnos del peso de la teoría neoliberal, el pensamiento globalizado y de la escuela A E D. Sentimos que no es posible edificar un futuro sin sanear el pensamiento politico en todos los campos.

Es difícil construír una ética pública global si en una materia tan trascendente como el de derechos humanos somos omisos, como principio más allá de las condiciones de fuerza para lograrlo.

Ya no hablando sólo de la ética sino de la moral, como lo hacía Hegel como la idea abstracta y profunda del Bien a diferencia de la asunción histórica de la ética en la realidad, no podemos seguir en una sociedad que tiene una herida moral metida en su imaginario social, defendiendo la impunidad de los que por primera vez en nuestra historia avasallaron la identidad del ser humano.