La justicia chilena recomienda estudiar el procesamiento de ex militares uruguayos vinculados al caso Berríos
La justicia chilena recomendó hoy a un juez estudiar la posibilidad de desaforar al ex dictador Augusto Pinochet en relación con el asesinato de un ex agente de la DINA cuyo cadáver apareció en 1995 en Uruguay, informaron fuentes judiciales.
Se trata del químico de la policía secreta pinochetista Eugenio Berríos, involucrado en varios casos de violaciones de los derechos humanos, que fue sacado subrepticiamente de Chile en 1991, cuando debía declarar en el proceso por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier, cometido en Washington en 1976.
La recomendación de la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago al juez Alejandro Madrid, a cargo del proceso abierto en Chile por la muerte de Berríos, ordena investigar la posible participación de Pinochet en el caso.
El ex dictador chileno (1973-1990) fue sobreseído por "demencia vascular" en el proceso por los crímenes cometidos por la llamada "caravana de la muerte", juicio en el que fue despojado de su inmunidad como senador vitalicio, en agosto del 2000.
La declaración de demencia le ha permitido a Pinochet, de 87 años, no ser procesado en otras causas, ya que aunque renunció a su calidad de senador, goza de fuero como ex presidente de la República.
La Corte pidió también al magistrado que analice el procesamiento de otras 18 personas, entre ellas el general retirado Fernando Torres, ex auditor del Ejército, por delitos de secuestro con homicidio, asociación ilícita, falsificación de pasaportes, obstrucción a la justicia y malversación pública.
Recomienda además estudiar el procesamiento de ex militares uruguayos.
También el tribunal denegó la libertad a los ex mayores del Ejército Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gazitúa, procesados el 3 de marzo pasado como autores materiales del asesinato y secuestro de Berríos.
En este caso están además procesados, por obstrucción a la justicia, los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, ambos ex directores de la Dirección de Inteligencia (DINE) del Ejército, entre otros.
Según un informe de la Policía de Investigaciones (civil), seis integrantes de una unidad especial del Ejército estuvieron a cargo del operativo que sacó a Berríos del país. Además de aparecer involucrado en el asesinato del ex canciller Letelier, Berríos también fue vinculado con el asesinato del funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria, ocurrido en 1976 en Santiago.
El agente, que elaboró gas sarín para la DINA, desapareció en noviembre de 1992, cuando fue visto por última vez en una comisaría de una localidad cercana a Montevideo. El químico pidió auxilio en la comisaría porque, según dijo, era seguido por individuos que querían matarlo.
Aunque dejaron constancia del hecho, los policías lo entregaron entonces a unos militares que llegaron tras él. Su cadáver apareció tres años después en una playa cercana a Montevideo, en abril de 1995, lo que causó conmoción en Chile y Uruguay.
A comienzos de abril pasado el juez Alejandro Madrid presenció en Uruguay los interrogatorios que el juez Pedro Salazar hizo a los oficiales uruguayos retirados Tomás Casella, Eduardo Radaelli, Wellington Sarli Pose y los policías Elbio Hernández y Ramón Rivas.
Todos ellos mantuvieron relación con Eugenio Berríos durante su permanencia en Uruguay y forman parte de la lista de personas susceptibles de ser procesadas, según la resolución de la Corte de Santiago, que también ordena nuevas diligencias en Uruguay.
