Amadeo Otatti, abogado de los tres militares uruguayos cuya extradición reclama Chile por el "caso Berríos", denunció que los servicios de inteligencia chilenos realizaron investigaciones clandestinas en Uruguay.
"Tengo los nombres, los datos, las fechas y con quien se entrevistaron, pero por el momento prefiero mantener reserva sobre ellos", señaló a EFE el abogado Amadeo Otatti.
Ottati es el defensor de los coroneles uruguayos Eduardo Radaelli y Wellington Sarli y del ex coronel Tomas Casella, procesados en Chile en ausencia por su supuesta vinculación con el caso del asesinato del químico y ex agente secreto chileno Eugenio Berríos.
"Hubo varias irregularidades; la presencia de policías chilenos sin conocimiento de las autoridades uruguayas en Montevideo, y sus investigaciones clandestinas incluidos interrogatorios a varios uruguayos", señaló Otatti.
"Yo llegué a denunciar lo ocurrido en las oficinas de Interpol (policía internacional) en Uruguay, y ellos tampoco tenían conocimiento de la presencia de agentes de inteligencia chilenos en el país", agregó.
Otatti señaló que varios uruguayos fueron trasladados con los gastos pagos a Chile para prestar declaración ante la justicia.
El juez uruguayo Gustavo Mirabal concedió hace un año la extradición de los tres militares solicitada por la justicia de Chile, y un tribunal de Apelaciones ratificó el fallo.
Otatti apeló ante la Suprema Corte de Justicia, último recurso, y el expediente está a estudio de sus cinco miembros.
"No creo que antes de finales de año haya una resolución final", afirmó el abogado uruguayo.
El juez chileno Alejandro Madrid solicitó a la justicia uruguaya la extradición de Cassella, Radaelli y Sarli para ser juzgados por los delitos de asociación ilícita y secuestro.
Antecedentes
Berríos fue un agente de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile que entró clandestinamente en Uruguay en 1991, supuestamente en un operativo conjunto de militares de ambos países para evitar que declarase ante la justicia chilena.
En abril de 1995 el cadáver de Berríos, con dos disparos en la cabeza, fue encontrado en la playa de El Pinar, a unos 25 kilómetros de Montevideo.
El pasado año la fiscal uruguaya, Nancy Hagopian, del juzgado de Pando, que tiene jurisdicción sobre El Pinar, pidió a la justicia el archivo del caso del asesinato de Berríos, porque a su juicio no hay pruebas que impliquen a los militares uruguayos.
A pesar de ello, el juez de Pando, Pedro Salazar, decidió continuar con las investigaciones.
La senadora chilena Carmen Frei, hija del ex presidente chileno Eduardo Frei, solicitó hace un año en Montevideo y ratificó recientemente en su país que haya una rápida definición del pedido de extradición.
La familia Frei tiene la sospecha de que Berríos, considerado el creador del gas sarín, que mata sin dejar rastro, estuvo involucrado en la muerte del ex presidente chileno.
"Las presiones que ha ejercido la senadora Frei constituyen una injerencia inaceptable para la independencia que debe tener el Poder Judicial del Poder Legislativo y de los gobiernos", agregó Otatti.
En Chile están procesados como autores del secuestro y homicidio de Berríos los ex mayores del Ejército Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa y, por obstrucción a la justicia y por asociación ilícita los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covorrubias, ambos ex jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército.
