Comenzó debate por Caducidad

El diputado Felipe Michelini fue el primero de los oradores de una jornada que se prevé extensa, y que está siendo transmitida por CX30, Radio Nacional. El legislador oficialista comenzó recordando que "no se puede negar la práctica sistemática de tortura y desaparición forzada, como parte de una política de Estado" enmarcada en una operativa regional conocida como Plan Cóndor.

Michelini dijo, además, que el objetivo de la Ley de Caducidad fue evitar los juicios por esos crímenes, pero que "eso duró 20 años", porque, a partir de 2005, se empezaron a investigar, y "hoy, la mayoría de la patota criminal se halla procesada; esos asesinos de uniforme y escritorio gozan de las garantías que sus víctimas no tuvieron".

El legislador defendió la legalidad del texto interpretativo, y dijo que "no es cierto que sea inconstitucional", porque este proyecto "restablece el acceso a la Justicia vulnerado por la Ley de Caducidad". "Hasta el día de hoy", señaló, "tienen secuestrada a la verdad", y "en el marco de un compromiso mafioso" mantienen una ley que niega a los familiares el derecho de saber dónde están los desaparecidos, y ejemplificó con el caso Gelman, "el más repugnante de todos". "¡Vaya idea de comprender la independencia del Poder Judicial decirle a los jueces lo que pueden investigar o no!".

Además, dijo que la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "es de cumplimiento obligatiorio para nuestro país", y que, mantener la Ley de Caducidad, "afecta nuestra dignidad como pueblo civilizado", y afecta a la institución militar, porque constituye "una mancha para quienes ensuciaron el uniforme".

Génesis de la Caducidad

Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Gustavo Borsari, informante en minoría, comenzó su oratoria en la misma línea que se expresara, días atrás en la Cámara Alta, el senador Luis Alberto Lacalle. Recordó que la Ley de Caducidad "no nació por generación espontánea", sino que fue "de un enfrentamiento", comenzado "en 1963 con la guerrilla tupamara y terminado en 1985 con el fin de la dictadura militar". Según Borsari, "hubo un levantamiento armado contra la democracia", del que "el 99% de la población no fue parte, sino que fue sufriente de lo que sucedió. La paz fue alterada por unos y otros", sintetizó.

El legislador recordó que "los tupamaros no se alzaron en contra de ninguna dictadura, y cuando ésta empezó estaban presos o exiliados", y señaló que el Che Guevara, en nuestro país, les dijo "ustedes tienen algo que hay que cuidar, la posibilidad de comunicar sus ideas, de avanzar por cauces democráticos", pero "es claro que el MLN no escuchó a Guevara".

A continuación hizo un racconto de lo sucedido desde el primer robo de armas efectuado por los tupamaros en 1963 y hasta el Pacto del Club Naval, donde "doce personas reformaron la Constitución". Pacto del que, recordó, no participó el Partido Nacional, y era violatorio de la consigna "un Uruguay sin exclusiones".

"Cabe preguntarse si el Pacto del Club Naval fue un acuerdo o hubo una transacción", dijo.

Más adelante, señaló que, con la discusión de hoy, "se intenta desconocer dos pronunciamientos populares. Ni la dictadura desconoció el plebiscito del 80", opinó. "Hoy no es posible pasar por encima de la voluntad popular. Podrá venir el canciller, con técnicos y asesores, a decirnos que hay fallos que obligan al Uruguay, pero más obligan los pronunciamientos de nuestro pueblo".

Borsari insistió en pedir la renuncia del canciller Luis Almagro, y, "si no lo hace, a este Parlamento no puede venir más". "No podemos entender cómo el canciller estaba diciendo en la Comisión de la Cámara que el presidente aprobaba este proyecyo, y media hora más tarde el presidente pedía a su bancada que se desactivara el proyecto de ley. No podemos comprender cómo, después de pedir que se desactive el proyecto, diga que hay que mantener la unidad de acción y acatar la decisión del Plenario, es el colmo del presidente del ‘como te digo una cosa te digo la otra'. Hoy se terminó el ‘como te digo una cosa te digo la otra', la gente no aguanta más que le mientan descaradamente", y criticó al presidente, que esgrimió argumentos electorales para no acompañar la ley.

Volver al futuro

El diputado de Vamos Uruguay, Fitzgerald Cantero, señaló que "las consecuencias de aprobarse esta iniciativa conspiran contra cualquier tipo de investigación porque los que se sientan afectados van a interponer los recursos de inconstitucionalidad correspondientes".

El legislador hizo un repaso de los civiles y militares que se encuentran presos aún bajo el imperio de la Ley de Caducidad, y luego citó las idas y venidas del presidente Mujica, el vicepresidente Astori y el expresidente Vázquez con respecto a la pertinencia del interpretativo que se discute.

De Tabaré Vázquez criticó también sus dichos recientes sobre las mayorías y sus errores, y dijo que esta jornada supone un punto de inflexión en el gobierno y en el país, pero, sea cual sea su resultado, se ha hecho un daño muy grande a la institución Presidencia de la República". Además, sostuvo que, de aquí en más, "si la mayoría a gatas va a seguir interpretando los resultados electorales, se cae el mito del Frente Amplio participativo" porque "no se puede jugar con la voluntad de la gente". También, afirmó, "se cae otro mito: el de supuestos elementos batllistas que hay en el Frente Amplio. Nadie podrá sostener, de aquí en más, esa aberración intelectual".

Cantero recordó, además, las promesas del presidente José Mujica, de respetar el veredicto de la consulta popular, y exigió que vete esta ley.

"Inútil"

El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, dijo que, una vez acatado el pronunciamiento del referéndum de 1989, "el país pudo y debió haberse ahorrado estas discusiones", y recordó que, en 2005, "reclamamos que había llegado el momento de derogar la ley, que había cumplido sus efectos y no debía permanecer en el derecho uruguayo", pero que no tuvo andamiento. Posada explicó que no se acompañó la convocatoria de 2009 ni este texto interpretativo porque las leyes no pueden anularse.

"Esto es una clara deslealtad al pronunciamiento de la ciudadanía", señaló, y también una "clara deslealtad con la Constitución de la República", porque no le compete al Parlamento anular las leyes.

"No es buena cosa que tengamos un presidente de la República debilitado, nada menos que por su fuerza de gobierno", dijo Posada, en alusión a la voluntad manifestada por José Mujica, de aceptar la decisión del referéndum de 2009. Además, opinó "el objetivo que se busca no se va a conseguir, no se va a avanzar un centímetro en los juzgamientos de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el período de facto, y se sabe que es así".