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Desde el Instituto Nacional de las Mujeres, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, llegó la información de que "en algunos ámbitos se piden test de embarazos cuando las mujeres se presentan a las entrevistas laborales", dijo el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, a El Observador.
"Incluso en algunos casos, se hace referencia al hecho en los contratos", agregó. El jerarca presentó el lunes un proyecto de ley en el Consejo de Ministros que prohíbe esta exigencia antes de contratar o ascender a una mujer.
Además en los controles a empresas públicas y privadas se agregarán preguntas vinculadas a conocer si estas prácticas se realizan en la empresa. El gobierno sancionará duramente a quienes incumplan la nueva normativa, ya que el tema reviste "una clara ilegalidad y un hecho tan discriminatorio como la exigencia de certificados de VIH u otras enfermedades".
Las sanciones están previstas en el artículo 412 de la ley 16.736. "Se graduarán según la gravedad de la infracción" y podrá darse la clausura "ante la comprobación de infracciones que demuestren una clara defraudación al Estado o perjuicio a los trabajadores".
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