Fau negó que las FFAA presionen para evitar la extradición de militares a Chile por el caso Berríos.
El ministro uruguayo de Defensa Nacional, Yamandú Fau, negó hoy que la cúpula de las Fuerzas Armadas esté presionando para evitar la extradición a Chile de militares uruguayos por su presunta participación en el secuestro y asesinato, en 1992, del químico y agente secreto chileno Eugenio Berríos.
Fau respondió así a una información de un matutino local según la cual los jefes militares comunicaron al presidente uruguayo, Jorge Batlle, que no aceptarán que efectivos del Ejército sean extraditados a Chile, de acuerdo con fuentes militares y políticas.
"Esa información es absolutamente inexacta y no se compadece en nada con la realidad", afirmó Fau en declaraciones a Radio Carve. "El planteamiento no existió y, además, los mandos militares no están autorizados a hacer ese supuesto tipo de planteamiento", agregó el ministro.
El gobierno devolvió la pasada semana, por problemas formales, una petición de extradición de cuatro militares retirados uruguayos por el caso Berríos, hecha desde Chile. Se trata el coronel Tomás Casella, el teniente coronel Eduardo Radaelli, el coronel Wellington Sarli y el coronel Ramón Rivas.
La petición fue cursada por el juez chileno Alejandro Madrid, que investiga la muerte de Berríos. "El tema de la posible extradición compete al Ministerio de Relaciones Exteriores y, si corresponde, de la Justicia uruguaya, por lo tanto el Ministerio de Defensa Nacional no tiene participación", agregó Fau.
El ministro señaló que el "caso Berríos" no está comprendido en los alcances de la denominada ley de caducidad o "punto final", aprobada en 1986 por el Parlamento uruguayo, que puso fin antes de su inicio formal a los juicios de militares y policías presuntamente involucrados en violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar que gobernó Uruguay entre 1974 y 1985.
Eugenio Berríos ingresó clandestinamente a Uruguay escapando a la justicia de su país, en un operativo conjunto de militares de ambos países. El químico, ex agente del servicio secreto chileno (DINA), denunció en diciembre de 1992 en una comisaría de Parque del Plata, que estaba secuestrado por militares chilenos y uruguayos.
Posteriormente, Casella y Radaelli se presentaron en la comisaría y convencieron al jefe de Policía de Canelones, el coronel retirado Ramón Rivas, para que le entregara a Berríos. El caso no fue comunicado al gobierno de la época, que encabezaba el presidente Luis Alberto Lacalle, y se conoció meses después.
En abril de 1995 en una playa distante 25 kilómetros de Parque del Plata se encontraron los restos de Berríos, con dos disparos en el cráneo. Según expertos forenses, la muerte ocurrió entre enero y abril de 1993.
