La jueza chilena Olga Pérez, confirmó hoy a Radio Sarandí que enviará en los próximos días un exhorto para que militares y civiles uruguayos presten testimonio ante la Justicia de Uruguay acerca de la desaparición y muerte del ex agente de la DINA, Eugenio Berríos.
La magistrada chilena aseguró que le serían de utilidad los testimonios los militares Tomás Cassella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli. La investigación de Pérez logró, tras seis años de pesquisas, las pruebas suficientes como para inculpar a los autores materiales del crimen, los ex mayores del Ejército chileno Jaime Torres Gacitúa y Arturo Silva Valdés.
La jueza recalcó que para su investigación es importante el envío de antecedentes por parte de la Justicia uruguaya ya que "no hemos logrado nunca obtener copias de ese expediente", afirmó. Dicha información "es muy importante para nosotros", ya que el hecho ocurrió en Uruguay y "necesitamos tener detalles de cómo fue encontrado el cuerpo, en qué lugar, quiénes fueron los primeros que lo vieron".
La Justicia uruguaya no envió el material solicitado ya que el juez penal uruguayo Álvaro González considera que la remisión del expediente completo "no se puede llevar adelante por la reserva del presumario", aclaró Pérez. "No estoy pidiendo la remisión del expediente", aseguró la jueza, agregando que su solicitud puede incluir "copias" que "se pueden mantener con la debida reserva". "Me interesa poder saber qué cosas más él tiene que yo no conozco y que me permitan interrogar a mis procesados y a mis inculpados en esta causa", dijo Pérez.
En el programa "Las cosas en su sitio", la magistrada confirmó que "los oficiales uruguayos tuvieron algún tipo de participación en este hecho", por lo menos "de colaboración con los militares chilenos". Finalmente, la jueza concluyó que la justicia uruguaya "tiene que resolver por qué desapareció el libro de la comisaría de Pando, por qué después se relevó de su cargo al Jefe de Policía de Canelones". "A lo mejor existe algo más", dijo.
El cadáver de Eugenio Berríos, apareció en Uruguay en 1995. El caso provocó un escándalo político y militar en Uruguay cuando en junio de 1993 se supo que un año antes el chileno había intentando escapar de sus presuntos captores. El entonces comisario de la Seccional 24 de Parque del Plata, Elbio Hernández, lo había entregado nuevamente a los militares chilenos tras la presión de sus pares uruguayos.
Del caso no se habló más hasta que en abril de 1995 el cuerpo del militar apareció en la playa del balneario El Pinar con dos balas en el cráneo. El juez de Pando, Álvaro González, fue quien se encargó de la investigación del caso.
