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Tres funcionarios de la de la IMC son investigados por su “incidencia directa” en la habilitación del local de Toledo

Edil del FA dijo a Montevideo Portal que otros tres depósitos de fuegos artificiales fueron clausurados luego de la explosión.

04.01.2017 19:39

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2017-01-04T19:39:00-03:00
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Montevideo Portal

La explosión en el depósito de fuegos artificiales, que dejó cuatro jóvenes fallecidos, tuvo como una de las consecuencias (paralelas a la investigación judicial) el inicio de un sumario a tres funcionarios de la Intendencia de Canelones. Tras una investigación administrativa, a pedido del intendente Yamandú Orsi, se dio cuenta de "alguna incidencia directa" de estos funcionarios.

Se trata de dos arquitectos y una administrativa, según dijo a Montevideo Portal el edil del Frente Amplio Maximiliano Rivero. Por ellos pasaban los expedientes administrativos; uno de esos archivos fue el que "sugería" la clausura del local de Toledo "varios meses antes" del trágico incidente.

"La investigación arrojó que ellos tuvieron una incidencia directa en la demora de los trámites del expediente, que había sugerido que se clausurara el local", dijo el legislador departamental.

El galpón fue inspeccionado por la Dirección de Contralor de la IMC, y "como conclusión sugirió el cierre o la clausura del lugar". "Esta inspección tuvo lugar meses antes del incidente y se sugiere eso porque no están dadas las condiciones del lugar para que funcione", agregó.

A los hechos, la clausura del galpón no fue efectivizada "entonces esta investigación administrativa está tratando de averiguar por qué esa sugerencia no fue tomada en cuenta". La responsabilidad de estos funcionarios se determinará cuando finalice el sumario.

Rivero agregó que "ni bien sucedió la explosión" se comunicaron con Orsi, quien les manifestó que había ordenado clausurar tres depósitos más en el departamento. "Estos depósitos fueron clausurados de inmediato a partir de ese hecho", finalizó el edil.

El 25 de octubre una explosión dejó, en un primer momento, a tres personas fallecidas. Días después, un cuarto trabajador murió internado. El abogado de una de las familias de las víctimas, Óscar López Goldaracena, exigió a fines de año el cierre de las fronteras para los responsables de la empresa.  

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