SERPAJ criticó al sistema político por política de cárceles

“Repudiamos y manifestamos nuestra preocupación ante la ley aprobada por el Parlamento referente a la restricción de las libertades anticipadas para reincidentes, reiterantes o habituales. La misma implica un retroceso importante en materia de Derechos”, señala el comunicado difundido por la organización.

“Esta iniciativa forma parte de un paquete de medidas que el conjunto del sistema político acordó con una fuerte lógica punitiva y de castigo, sosteniendo que más tiempo de encierro, por lo tanto más dolor, generará otra posible trayectoria en las personas que se encuentran privadas de su libertad. Trasladar únicamente el fracaso en el desistimiento del delito a las personas que están recluidas, por un lado, pretende ocultar las falencias e ineficiencias que el sistema todavía tiene al no poder elaborar un proyecto institucional sistémico respecto a cómo se debe abordar a los sujetos que han cometido un delito. Por otro lado, visibiliza la limitada mirada que el sistema político tiene sobre el tema, repitiendo discursos y prácticas propios del paradigma cultural de los noventa donde castigo e individuación eran ejes centrales”, añade.

“Nuestro sistema carcelario se encuentra colapsado y en emergencia continua. Treinta y dos personas murieron este año y, sin embargo, continuamos eligiendo la cárcel como única medida para narrar y resolver nuestros conflictos. El encierro es un depósito de personas en donde se termina de desarrollar la trayectoria de seres matables de los sujetos que la habitan”, agregaron.

Serpaj criticó al sistema político uruguayo porque “no sólo se niega a dar un debate profundo e integral sobre convivencia y prácticas ilegales, alternativas a la privación de libertad, democratización de las fuerzas de seguridad, entre otras, sino que adopta y ejecuta medidas que históricamente han fracasado, construyendo una política de Estado desde el grito irracional legítimo de un electorado que les exige una respuesta inmediata. Todo lo mencionado, expone y refuerza el consenso hegemónico del sistema político sobre las respuestas al delito y su irresponsabilidad a la hora de actuar, banalizando los conflictos sociales, desconociendo que los procesos de transformación requieren políticas integrales, cuyos resultados serán tangibles a mediano y largo plazo”.