Procesaron por delito de atentado a la docente y militante Patricia Borda

El 15 de febrero de 2013 se produjeron incidentes en la Suprema Corte de Justicia cuando se disponía a realizarse el traslado de la jueza Mariana Mota. La magistrada, destacada en varios casos de derechos humanos, fue trasladada de la órbita penal a la civil, lo que fue visto por cientos de activistas como una "estrategia" para retirarla de casos sensibles.

Decenas de manifestantes ocuparon la sede judicial aquel día e impidieron de esa forma que el traslado se realizara en aquella jornada. Entre ellos, la dirigente de la Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, el ex tupamaro Jorge Zabalza, el ex futbolista Diego Jaume y la militante Patricia Borda. Fueron procesados en primera instancia por un delito de "asonada".

En el 2015, la Suprema Corte declaró inconstitucional el delito de asonada por el que habían sido procesados los siete activistas el 15 de febrero de 2013, tras la presentación de varios recursos.

Sin embargo, la jueza Blanca Riero sentenció ahora a una de las militantes, la docente Patricia Borda, por un delito de "atentado", no de "asonada", que fue lo que había pedido especialmente el fiscal Gustavo Zubía, según informó El País hoy y confirmó el mismo fiscal a radio Carve.

El artículo 171 del Código Penal indica que "se comete atentado usando violencia o amenaza contra un funcionario público, con alguno de los siguientes fines: el de impedirle al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo; el de estorbarle su libre ejercicio; el de obtener su renuncia; la prepotencia, el odio o el menosprecio".

Este delito se castiga con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, y tiene como circunstancias agravantes, por ejemplo, el que la violencia o amenaza se ejerciera por más de tres personas y menos de quince.

Esta mañana Zubía dijo a Inicio de Jornada que recién cuatro años después de su pedido una jueza le da la razón. "En aquel momento se tipificó asonada, se presentaron inconstitucionalidades, y dijeron que el delito estaba perimido", contó.

¿Por qué entonces hay una sola persona procesada y no los siete? El fiscal explicó que "la señora Borda presentó el recurso de inconstitucionalidad mucho después, cuando había otra integración de la Corte, que dijo que el delito de asonada era en realidad constitucional".

En este caso, el trámite procesal siguió por un expediente y en el de los demás siguió por otro.
"Hoy finalmente se expiden sobre mi primer recurso presentado hace cuatro años pero ahora se decreta el procesamiento por atentado, no por asonada", remarcó.

"Tenemos unos plazos absolutamente irracionales para todos estos temas, porque recién se inicia el proceso cuatro años después de los hechos. Se presentaron todos los recursos habidos y por haber y por eso se produjeron todas estas demoras", explicó el fiscal.

Con respecto a los hechos en sí, Zubía dijo que "hubo hechos ilícitos clarísimos", y en ellos "no importan las motivaciones". "Hubo una violación de derechos, se impidió que la Corte realizara los actos debidos. En eso las motivaciones políticas están fuera de concurso", agregó.

Borda fue procesada sin prisión, pero a juicio de Zubía su conducta debió tener una sanción penal, que en el Código Penal uruguayo solo admite procesamiento con prisión.

Consultado sobre lo que sucederá con el resto de las personas que participaron de los hechos, respondió: "Quizá mis nietos tengan posibilidad de saber lo que va a suceder con el resto".

"Como en el resto de los procesados se sostuvo que al haber sido declarada inconstitucional la figura de la asonada, hubo un vacío legal y se sostiene que no pueden ser procesados por otro delito, como el de atentado. Estuve en total desacuerdo con ello, porque yo jamás pedí la figura de asonada. Ahora sigue la discusión, así que con suerte mis nietos podrán saber lo que sucede con ellos", insistió.