La Ipsa había declarado previamente que esa medida entraría en vigor la próxima legislatura, de 2020 a 2025, pero ha adelantado su aplicación por la convocatoria de elecciones anticipadas.
Así, todas las normas que debían entrar en vigor después de las elecciones legislativas previstas para mayo de 2020 "se aplicarán ahora a partir del próximo 9 de junio", dijo un portavoz de la organización.
La primera ministra, Theresa May, anunció el pasado martes por sorpresa la celebración de elecciones generales anticipadas el 8 de junio, a fin de afianzar su mandato de cara a las negociaciones con Bruselas para el "brexit", o salida del país de la Unión Europea.
La Ipsa señala que la prohibición de emplear a parientes o allegados no afectará al personal ya contratado, mientras que las personas contratadas que inicien una relación con un diputado o una diputada verán rescindido su contrato a los dos años del comienzo de esa relación.
Al presentar los cambios normativos el pasado marzo, la presidenta del organismo, Ruth Evans, declaró que "la contratación de 'partes vinculadas' está desfasada en la práctica contractual moderna, que requiere un proceso de reclutamiento justo y abierto para promover la diversidad en el lugar de trabajo".
La contratación de parientes, de los cuales habría actualmente unos 150 en nómina en el Parlamento británico, ha costado al Estado en torno a 21 millones de libras (25 millones de euros) entre 2010 y 2015, de acuerdo con datos del periódico "The Guardian".
Según el diario, el sueldo medio del familiar contratado es unas 5.600 libras (6.600 euros) superior al de otros empleados, con un salario promedio de 31.350 libras anuales (37.400 euros).
En 2009, una comisión parlamentaria ya recomendó prohibir la contratación de parientes, pero los diputados se opusieron con el argumento de que sus allegados estaban dispuestos a trabajar más horas y ello contribuía a mantener una vida familiar.
La Ipsa, creada en 2010 para supervisar los gastos, ingresos y pensiones de los diputados tras un escándalo por abuso del sistema de dietas, elaboró esta normativa tras analizar entre mayo y octubre de 2016 el coste de la actividad parlamentaria.
Con información de EFE
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