Judiciales analizan demandar al Estado ante la OIT

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) estudia demandar al Poder Ejecutivo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el "incumplimiento de una sentencia judicial" relacionada al pago de salarios, dijo este lunes a Efe el vocero de este gremio, Eduardo Silveira.

Según detalló, existe una sentencia "ya firme" que se basa en la adecuación de los salarios a futuro, por la cual el Estado acordó con los trabajadores el pago de 21,6 % de aumento, de los cuales ya se ha pagado un 8 %.

Sin embargo, explicó que existe una deuda aparte con los funcionarios judiciales que se generó a partir de una legislación, de 2010, en la que se aprobó un aumento salarial para equiparar los sueldos de los ministros con los de los senadores.

En ese entonces, los funcionarios adujeron a la Ley 15.750, por la cual dicha equiparación vinculaba a los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y se hacía extensible a jueces, actuarios, defensores de oficio y otros funcionarios.

Según Silveira, esta deuda asciende a unos 20 millones de dólares por año, y de esa, el Estado planteó pagar un 15 %, algo que fue rechazado por los trabajadores.

En relación a este rechazo, el vocero de AFJU señaló que el Estado uruguayo "se aferró" al artículo 733 de la ley de Presupuesto Nacional, que establece que se pueden diferir el pago de deudas que tengan sentencia judicial con funcionarios públicos a futuras instancias presupuestales.

"Esto genera una incertidumbre para nosotros en cuanto a la posibilidad de realizar el cobro, ya que el Ejecutivo ni siquiera establece si va a ser en la próxima instancia y por esto nosotros introdujimos un recurso de inconstitucionalidad, que se encuentra en trámite", expresó.

En ese contexto, precisó que la AFJU entre sus principales acciones solicitará una reunión con el Ministerio del Trabajo para plantear el uso del 15 % ofrecido por el Estado para el pago de los ajustes de salarios a futuro que quedan pendiente, alrededor de un 13 %.

De igual modo, realizarán una marcha nacional en la que solicitarán la designación de un fiscal para atender esta demanda en contra del artículo 733, que consideran "inconstitucional".

"Acá lo que hubo fue una desprolijidad (desorden) en cuanto al tema legislativo y ahora hay sentencias que le dan la razón a los trabajadores de una deuda que no se está pagando", aseveró.

(EFE)