Experta argentina pide considerar la maternidad forzada como forma de tortura

Chiapparrone presentó el miércoles en Paraguay, con motivo del Día Internacional de Lucha por la Despenalización del Aborto, su análisis sobre el caso de una niña paraguaya de 10 años que quedó embarazada como consecuencia de una violación perpetrada por su padrastro y se vio obligada a dar a luz.

En este caso, según Chiapparrone, la niña "no deseaba continuar con su embarazo, como así lo expresó, pero el Estado no respetó su voluntad, la separó de su madre, la internó en un hogar, desatendió todas las recomendaciones internacionales y la obligó a continuar con la gestación".

Así, las instituciones estatales tomaron la decisión por la niña "e hicieron caso omiso del riesgo" que suponía para su organismo, que aún no había alcanzado un desarrollo pleno, acabar con una gestación, que era fruto además de una violación.

Chiapparrone, que es miembro de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, consideró que todas estas circunstancias deberían ser calificadas como hechos de tortura, debido a que el Estado pone a la niña en una situación de "extremo riesgo" y sobrepone su decisión a la voluntad de la menor de edad.

La experta agregó que el delito de tortura también debería ser aplicado en los casos en que una mujer adulta queda embarazada como fruto de una violación, pero el Estado le impide abortar.

También dijo sería una forma de tortura imponer a una mujer penas de hasta 30 años de prisión por problemas obstétricos que derivaron en un aborto, como ha sucedido en países como El Salvador.

"La violación es una forma extrema de violencia sexual (...). En estos casos no se presume que hubo consentimiento, ni en las relaciones, ni en un posible embarazo. El Estado está obligado a sancionar a los responsables, pero también a prevenir estos hechos a través de la educación, haciendo conocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", expresó.

La experta alertó además de que la penalización del aborto castiga especialmente a las mujeres de menores recursos económicos que, si desean interrumpir un embarazo no deseado, se ven obligadas a recurrir a métodos clandestinos y en malas condiciones, lo que pone en riesgo su salud.

Afirmó que las instituciones de salud pública deben estar habilitadas para atender los casos de aborto, y proveer alternativas al aborto quirúrgico, como el aborto mediante medicamentos, amparadas en leyes que permitan interrumpir legalmente un embarazo.

En Paraguay, donde esta práctica está penalizada, el aborto es la primera causa de muerte materna, causante de cerca de 30 % de estos fallecimientos en 2010, según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas.

En paralelo, el embarazo en niñas de entre 10 y 14 años aumentó 62 % durante los últimos diez años en Paraguay, un país en el que un promedio de dos niñas de esa franja de edad dan a luz cada día, fruto de abusos sexuales.

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud estima que cada año se realizan unos 22 millones de abortos peligrosos en todo el mundo, casi todos ellos en países en desarrollo, y unas cinco millones de mujeres son hospitalizadas por complicaciones derivadas de estos procedimientos.

EFE