La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles las amenazas de muerte a personas que han tenido algún papel en el procesamiento de causas judiciales por violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Uruguay (1973-1985).
Se trata de amenazas contra autoridades, operadores de justicia y defensores de derechos humanos de Uruguay, según explicó la CIDH en un comunicado.
La CIDH urge al Estado a "adoptar medidas urgentes a fin de proteger a los operadores de justicia", "toma nota del inicio de investigaciones judiciales sobre estas amenazas" y "espera que se establezcan las responsabilidades materiales e intelectuales que correspondan y que se sancione a esos responsables de manera efectiva".
"Si el Estado no garantiza la seguridad de sus operadores de justicia contra toda clase de presiones externas, incluyendo estas amenazas de muerte, el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser gravemente afectada, frustrando el acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura", indicó el organismo.
El relator de la CIDH para Uruguay, el comisionado Francisco Eguiguren, consideró que "es importante que se hayan iniciado investigaciones con prontitud", pero que "es igualmente importante que se conduzcan con debida diligencia hasta sancionar a los responsables".
Por su parte, el relator sobre Defensores de Derechos Humanos, el comisionado José de Jesús Orozco, destacó la importancia del trabajo de los jueces, fiscales y defensores que "con determinación han seguido buscando justicia a pesar de todos los obstáculos, incluyendo la vigencia de una ley de amnistía de 1986, llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ambas con sede en Washington, que tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La Comisión la integran siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
(Fuente: EFE)
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