Internacionales

Esta sí que es Argentina

Argentina: abrieron proceso penal contra la fiscal general del país, Alejandra Gils Carbó

Se la acusa de “administración fraudulenta” en perjuicio del Estado.
12.10.2017 20:09
2017-10-12T20:09:00


Un juez argentino decidió el jueves abrir un proceso penal contra la fiscal general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, por presunta "administración fraudulenta" en perjuicio del Estado por la compra de un inmueble por parte del Ministerio Público en 2013, informaron fuentes jurídicas.

Además de procesar a Gils Carbó y otros cuatro imputados, el magistrado Julián Ercolini ordenó cuantiosos embargos sobre los bienes de todos ellos, que en el caso de la procuradora nacional ascienden a 7 millones de pesos (401.849 dólares).

Ya el pasado 31 de agosto, Gils Carbó, que mantiene un enfrentamiento con el Gobierno de Mauricio Macri -que la considera militante del kirchnerismo- negó el declarar ante el juez que se beneficiara de la compra del edificio y pidió ser sobreseída del caso.

En un extenso dictamen, Ercolini comunicó el procesamiento de la jefa de los fiscales por considerarla "coautora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública".

En la resolución se especifica que hay pruebas suficientes para afirmar que Gils Carbó y el ex subdirector general de la Procuración, Guillermo Alfredo Bellingi, "violando consciente y voluntariamente" sus deberes y previo acuerdo con Arfinsa Argentina Financiera, llevaron a cabo "un complejo plan" para adquirir para el Ministerio Público Fiscal un edificio ubicado en el centro de Buenos Aires bajo la "simulación engañosa" de una licitación pública.

Esa operación habría tenido la "intervención dolosa fundamental" de Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill, también procesados.

"Mediante la maniobra, se generó también de modo deliberado un lucro indebido para algunos de sus intervinientes, que como contrapartida conformó un perjuicio patrimonial apreciable para el Estado nacional", remarca el dictamen.

Ercolini afirma también que se encuentra "acreditado" que Gils Carbó y Bellingi, con la intervención dolosa de Adrián Marcelo González Fischer, Jaureguiberry y Thill, se interesaron "directamente", aprovechándose de personas "interpuestas y también mediante la simulación deliberada de una licitación pública", en la compraventa del edificio.

Al declarar ante Ercolini y en un escrito que presentó su defensa, la procuradora defendió en agosto que la institución que dirige desde 2012, cuando fue nombrada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y avalada por el Congreso, "no abonó comisión alguna" con esta operación.

Asimismo, culpó de las supuestas irregularidades a Bellingi y a Thill, familiar de este último y corredor de seguros que pudo haber cobrado 3 millones de pesos (unos 172.000 dólares) por asesorar a la inmobiliaria Jaureguiberry.

Esta, a su vez, asesoró a la empresa Arfinsa, que le vendió a la Procuración el edificio por 43,8 millones de pesos (2,51 millones de dólares).

"Está probado que el único que cobró una comisión indebida fue Thill", afirmó Gils Carbó antes de apuntar que Bellingi "defraudó la confianza" de la Procuración General de la Nación.

"Ninguna de las autoridades del organismo conocía -tal como lo afirman testigos e imputados de la causa- a Thill, el vínculo de este con Bellingi y la relación de este último con Jaureguiberry", aseveró la fiscal general antes de destacar que en cuanto la Procuración se enteró de esto, le abrió un sumario administrativo a Bellingi y lo suspendió del cargo.

Tras la asunción de Macri, en diciembre de 2015, Gils Carbó mantuvo su cargo pese a la presión del oficialismo, que la acusa de no avanzar en las causas de corrupción que afectan a ex altos cargos del anterior Ejecutivo y dictaminar contra miembros del actual, pero no consiguió iniciar un juicio político contra ella.

(Fuente: EFE)