Allanamiento a club de marihuana despertó duras críticas de los cultivadores

La semana pasada, el Ministerio del Interior informó que la Brigada Departamental Antidrogas de la Jefatura de Policía de Artigas allanó un club clandestino de cannabis de Bella Unión, tras recibir una denuncia del Instituto de Regulación de Cannabis (IRCAA).

La policía se incautó de 111 plantines germinados, tres handies, dos rollos de supuesta sustancia vegetal, un rifles, una pistola 22, una moto y una camioneta Chevrolet. En el marco de este procedimiento se detuvo a tres mayores de edad: dos hombres y una mujer.

Uno de los hombres, de 24 años e iniciales A.J.S.C., fue procesado sin prisión por "tenencia no autorizada" de estupefacientes. La Justicia dispuso para el hombre penas alternativas a la prisión por un plazo de 90 días.

Cannabicultores rechazaron el procedimiento

Sin embargo, la Federación Nacional de Cannabicultores del Uruguay emitió luego un comunicado en el que denunció irregularidades en este allanamiento y puso de manifiesto las contradicciones de la policía y la Justicia a la hora de actuar ante clubes cannábicos. También critica la forma en que se difundió esta noticia, en especial a las alusiones a lo "clandestino", a la denuncia del IRCAA y al accionar policial y judicial.

En el comunicado, aseguran que desde el comienzo de las negociaciones con la Junta Nacional de Drogas y el IRCAA quedó claro que a los efectos de la tramitación de un club cannábico "se entendía que mediante la introducción del trámite para asociación civil ante Dirección General de Registro, dicha asociación ya se encontraba habilitada a cultivar", más allá de la posterior y definitiva aprobación del IRCCA.

El club catalogado como "clandestino", y según declaraciones de la escribana a cargo "ya había sido presentado ante la DGR", asegura la federación.

"Corresponde entonces preguntar. ¿Estamos ante un club clandestino? ¿O las autoridades pretendieron dar un mensaje pasando de una política tolerante ante las trabas burocráticas que supone montar un club de cannabis, hacia una política abiertamente represiva y tendiente a dificultar aún más la conformación de clubes?", aclara luego.

Sobre la denuncia, la federación recuerda que el artículo 41 de la ley 19.172 prevé que el IRCAA pueda denunciar judicialmente ante "la existencia de actividades de carácter delictivo"

"Si el IRCCA no te considera contenido dentro de la ley 19.172 eso abre la puerta a que el Poder Judicial te juzgue por la anterior ley de drogas la 14.294. ¿Cuál fue la actividad de carácter delictivo detectada por el IRCCA?", se pregunta luego la organización.

"Estamos entonces ante un club cannábico en formación, y a nuestro entender no ‘clandestino', a lo sumo con alguna irregularidad menor que se desprende de las dificultades burocráticas y de las inconsistencias legales entre las instituciones que formalmente intervienen en la tramitación de un club cannábico (leáse IRCCA, MEC, Poder Judicial, Fuerza policial)", indica la Federación de Cannabicultores, que asegura que este y otros casos dejan al desnudo tres aspectos que evitan que la regulación de la cannabis termine de respaldar a usuarios, cultivadores, y clubes "con el correspondiente nivel de garantía de nuestros derechos como ciudadanos".

Por ejemplo, la falta de reglas claras ("el IRCCA juega con la amplitud de criterio que la ley en apariencia le permite"), las "exigencias" a los clubes para su aprobación definitiva por el IRCCA ("mutan constantemente, y esto a todas luces da señal de una falta de voluntad política rayante con el desparpajo para la conformación total de los mismos") y las "múltiples interpretaciones de la ley a nivel de la corporación judicial (jueces, abogados, fiscales"). A juicio de la federación, han permitido procesamientos indebidos y destrucción de plantas.

También critican el "acoso constante a usuarios y cultivadores de cannabis por parte de la fuerza policial, y la violencia ejercida contra los mismos en los operativos", y la "falta de formación del personal policial para establecer si están ante plantas con capacidad sicoactiva o no". "Existe un protocolo de actuación policial sobre cannabis y no está siendo respetado", denuncian, para concluir que falta un marco normativo unitario para la interpretación de la ley 19.172.