Colombia aprobó pacto de paz con FARC y ahora debe implementarlo

Colombia enfrenta desde este jueves el reto de poner en marcha el pacto de paz con la guerrilla FARC, renegociado tras el fracaso del acuerdo original en un plebiscito y refrendado la víspera en el Congreso.

"Lo que viene ahora es la implementación de este acuerdo (...) Tenemos un enorme desafío", dijo en rueda de prensa el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, luego de la ratificación parlamentaria del documento, celebrada por la ONU y otros organismos internacionales.

En esta etapa, el Congreso, donde el presidente Juan Manuel Santos cuenta con mayorías, será una vez más escenario clave para consolidar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más antigua de América Latina, tras más de medio siglo de conflicto armado.

Allí será presentada la próxima semana la ley de amnistía para los guerrilleros, acordada en las negociaciones que transcurrieron durante cuatro años en Cuba. Además, Cristo dijo que se enviará un paquete legislativo que incluye un proyecto sobre la participación política de los guerrilleros. Las FARC cuenta actualmente con 5.765 combatientes.

Para la pronta validación de las iniciativas relacionadas con la paz, el gobierno espera contar con un mecanismo de aprobación rápida ("fast track"), sobre el cual aún debe pronunciarse la Corte Constitucional.

"En este momento se está procediendo a preparar un primer paquete de indultos, entre tanto se presenta la ley de amnistía y se da todo el trámite legislativo", dijo el alto comisionado para la paz y miembro del equipo negociador de paz del gobierno, Sergio Jaramillo, en la misma rueda de prensa.

El presidente Santos, Nobel de la Paz por buscar acabar la guerra fratricida que ha dejado unos 260.000 muertos en Colombia, adelantará este fin de semana en regiones del país labores relativas a la implementación del pacto, según los funcionarios.

Oposición ausente

El acuerdo de paz ratificado en el Congreso fue sellado hace una semana por Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño ("Timochenko"), luego de que ambas partes revisaran el pacto original para incluir propuestas de los opositores ganadores del plebiscito del 2 de octubre.

El texto de 310 páginas fue aprobado sin cambios el martes y miércoles tras maratónicas sesiones en el Senado y la Cámara de Representantes.

La oposición, liderada por el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe, optó por no participar en las votaciones, al considerar que el Congreso "no puede suplantar" el pronunciamiento popular de las urnas.

Los uribistas también rechazan el pacto en general, pues creen que permite la "impunidad total" y otorga elegibilidad política a guerrilleros culpables de crímenes atroces antes de que cumplan sus penas.

La decisión del gobierno y las FARC de refrendar el acuerdo renegociado en el Congreso tuvo mucho que ver, según han dicho, con la fragilidad del cese al fuego bilateral que mantienen desde fines de agosto después del plebiscito.

El alto al fuego también se vio perturbado por la muerte de dos guerrilleros de las FARC hace unas semanas en supuestos combates con el Ejército y, más recientemente, por una serie de homicidios y atentados contra líderes sociales.

No a "nuevas condiciones"

El gobierno insiste en que las FARC deberán comenzar a movilizarse en cinco días hacia las 27 zonas donde se concentrarán para dejar progresivamente sus armas bajo la supervisión de Naciones Unidas. Sin embargo, la guerrilla ha dicho que para ello debe estar primero aprobada la amnistía.

Jaramillo respondió este jueves a ese planteamiento: "Las FARC no pueden introducir nuevas condiciones al acuerdo", afirmó, recordando que, en todo caso, según el texto, todos los guerrilleros deberán estar máximo a fines de diciembre en las zonas de concentración.

"Sigue habiendo desafíos relacionados no solamente con lo político, sino con su implementación en el terreno: con el ELN (Ejército de Liberación Nacional, segunda guerrilla del país), con la violencia contra líderes, y una situación fiscal bastante grave", dijo a la AFP Kyle Johnson, analista del International Crisis Group.

"Entonces, tenemos un acuerdo en un contexto supremamente difícil para la seguridad política del acuerdo y también para la implementación misma, en términos de la capacidad del Estado", explicó.

(Fuente: AFP)