Un estudio de la OIT centrado en los cuidados de largo plazo que requieren las personas mayores analiza la situación en 46 países que representan el 80 % de la población mayor de 65 años a nivel global.
En ocho de cada diez casos, los cuidados de larga duración son prodigados por las mujeres de la familia que no perciben ninguna remuneración.
"Los cuidados de largo plazo no sólo requieren empatía o simpatía hacia un familiar, sino capacidades profesionales. Los familiares no están capacitados para proveer los servicios profesionales que son necesarios", dijo la autora del estudio, Xenia Scheil-Adlung.
El 48 % de la población mundial se encuentra desprotegida legalmente en términos de acceso a los cuidados sanitarios prolongados que pueden requerir.
Otro 46,3 % está en gran medida -aunque no completamente- excluido de ese tipo cobertura de salud debido a las regulaciones que limitan los beneficios sólo a los más pobres, lo que obliga a que la gran mayoría de mayores de 65 años tengan que pagar de su bolsillo estos servicios.
El mayor déficit se observa en Asia y en la zona del Pacífico, donde el 65 % de los ancianos se encuentran desatendidos y la carencia se eleva 8,2 millones de trabajadores sanitarios.
En África, donde faltan 1,5 millones de personas que trabajen en esa área, más del 90 % de personas de edad avanzada no reciben servicios de cuidado cuando los necesitan.
Según la OIT, la situación se ve agravada por la falta de cobertura para cuidados de largo plazo en la mayoría de los sistemas de seguridad social.
Sólo el 5,6 % de la población mundial vive en países ricos que ofrecen una cobertura universal de salud.
"Incluso en los países ricos tenemos una cifra muy baja de profesionales de este sector. En Francia por ejemplo, hay 1,1 cuidadores por cada 100 personas necesitadas, lo que es claramente insuficiente", dijo Scheil-Adlung.
"Esto excluye de los servicios a un 70 % de los ancianos en Francia, y a un 90 % en Portugal" añadió.
Mientras que el ratio mínimo recomendado por la población es 4,2 cuidadores por cada 100 ancianos, España sólo cuenta con 2,9, precisó la especialista.
"España es uno de los países donde no hay una legislación nacional, lo que significa que sólo las personas más pobres tienen acceso a algún tipo de servicio, una estrategia muy arriesgada y que hace que la clase media caiga fácilmente en la pobreza al cubrir los costes de los servicios", continuó.
A nivel mundial el gasto público para atención de largo plazo a personas mayores equivale a menos de 1 % del Producto Interior Bruto (PIB) global, con el presupuesto más bajo en África, donde la mayoría de los países no invierten nada, según la OIT.
Los países que más presupuesto invierten se encuentran en Europa y destinan un 2 % de su PIB a este ámbito.
El estudio sugiere hacer de este tema una prioridad absoluta para garantizar la protección universal de la tercera edad.
EFE
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