PIT-CNT reclama al Estado “urgentes medidas” para cumplir mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT se pronunció este lunes sobre el abandono de la organización de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos de la Comisión por Verdad y Justicia.

El comunicado expresa que el movimiento sindical y varias organizaciones sociales vienen señalando "las dificultades y trabas a nivel gubernamental" como "causa de la irresolución y en algunos casos de franco retroceso" en la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

El Estado uruguayo, afirma la nota, "deberá necesariamente tomar urgentemente un conjunto de medidas administrativas, legislativas y presupuestales de acuerdo a los estándares internacionales establecidos por los organismos de supervisión", que tendrán que estar "en consonancia con el cumplimiento en tiempo y forma de la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, y referirse a todos los temas pendientes referidos a las consecuencias de los crímenes cometidos en el marco del Terrorismo de Estado".

La Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT recuerda, además, que durante la dictadura y sus años previos, el Estado "supo organizarse para aplicar sus políticas terroristas", y que, en los primeros gobiernos democráticos, supo hacerlo para "aplicar y sostener políticas de impunidad".

Pese a las políticas "notoriamente" diferentes de los gobiernos del Frente Amplio respecto de los anteriores Ejecutivos, "el Estado no se organizó adecuada y coherentemente para responsabilizar penalmente a los terroristas de Estado".

Esa tarea, agrega, "no debe continuar recayendo en las espaldas de la sociedad civil", sino que su resolución es tarea del Estado. En ese sentido,
"el movimiento sindical, las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas, van a seguir reclamando al gobierno lo que le han reclamado a todos los gobiernos anteriores: Un plan de derechos humanos vinculado a los hechos del pasado reciente que cumpla con las obligaciones que le estableció al Estado uruguayo la sentencia de la Corte IDH y que fuera recogido en el informe de Pablo de Greiff el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición".

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