La ex tenista española Arantxa Sánchez Vicario podría ir a prisión junto a su marido, Josep Santacana, por los delitos de alzamiento de bienes y fraude.
En 2009, Sánchez Vicario fue condenada a pagar una multa por fraude fiscal que, con los intereses, ascendía a 5,2 millones. Hacienda cobró esa cantidad gracias a la garantía del Banco de Luxemburgo. Sin embargo, la tenista nunca pagó al banco y alegó que desconocía su patrimonio porque lo manejaba su padre.
Según el diario La Vanguardia, Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana tenían un entramado societario que les permitió ir liquidando todas sus propiedades sin pagar al banco, pese a todas las instancias agotadas por vía civil. En este entramado participaban dos sociedades domiciliadas en Uruguay.
La querella criminal contra la pareja detalla el entramado del que se habrían servido Arantxa y su marido para vender todas las propiedades inmobiliarias. Según los datos, ninguno de los inmuebles figuraba a nombre de Arantxa sino de distintas sociedades.
En mayo de 2011, la sociedad uruguaya Huslia SA -previa aportación de la compañía SFG Investments SL- vendió el que fuese el domicilio de la familia Sánchez Vicario, un apartamento en la calle Sabino de Arana que en su día costó la cifra de 480.000 euros, informa La Vanguardia.
La tenista vendió una propiedad en Formentera -en la que supieron alojarse Brad Pitt y Angelina Jolie- y la misma sociedad uruguaya recibió por aportación la titularidad de un piso en Sant Just Desvern (Barcelona).
La uruguaya Huslia se desprendió también en 2010 de una casa unifamiliar que la empresa SFG inscribió en el Registro de la Propiedad por valor de 400.000 euros en 2007. También vendió su casa en Escaldes Engordany (Andorra), la propiedad más antigua de la tenista, indica La Vanguardia.
El Banco de Luxemburgo sumó la cifra de 3.913.424 euros ingresados por este entramado societario que la pareja habría "hecho desaparecer"
El banco pretende demostrar que la tenista y su marido tuvieron medios para satisfacer, al menos en parte, la deuda adquirida desde que el contraaval fue satisfecho.
La decisión de solicitar la prisión preventiva radica en que en todo este tiempo manejaron un importante patrimonio ignorando una sentencia firme, dieron evasivas a los requerimientos judiciales y han "hecho desaparecer" casi cuatro millones de euros.
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