La Intendencia de Maldonado cuestionó el recurso de amparo presentado ante la Justicia por los taxistas, que denuncian una "ausencia de controles" a los conductores de Uber por parte del gobierno departamental.

El recurso de amparo había sido presentado el martes por el Centro Patronal de Taxis de Maldonado (Cepatama). Este miércoles, el gobierno de Enrique Antía emitió una declaración señalando que la denuncia presentada por los taxistas "parte de una premisa falsa, que es la afirmación de la ausencia de controles".

En efecto, la Intendencia asegura que "ha cumplido con todas las obligaciones de contralor".

"No es el proceso de amparo la vía a recorrer, pretendiendo los demandantes construir un atajo desconociendo otros procedimientos judiciales o administrativos naturales, sin justificación alguna para ello ni acreditándose por qué las otras vías no son idóneas", complementa la intendencia fernandina.

El gobierno de Antía señala en su comunicado que "ningún derecho fundamental se persigue proteger" con el recurso de amparo, objetivo para el que está destinado el recurso legal, sino que apuntan a proteger "la ecuación económica del negocio de los taximetristas".

"En síntesis: Hay carencia de objeto de la acción al haber desplegado la Intendencia de Maldonado los controles a los que está llamada realizar, habiendo impuesto las sanciones correspondientes, no encontrándose probada la existencia del alegado perjuicio económico ni su nexo causal con el accionar de nuestra mandante, así como la inexistencia de derechos fundamentales vulnerados por su accionar", concluye el comunicado.

Asimismo, la Intendencia rechazó una versión que indicaba que la administración de Antía había propuesto solicitar a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) el bloqueo de la aplicación en Maldonado. "La Intendencia de Maldonado no solicitó ni solicitará la intervención de la Ursec en este tema".