Según la agencia estatal de noticias Télam, Gerardo Pollicita solicitó al juez del caso, Julián Ercolini, abrir juicio contra la exmandataria y los demás procesados, entre otros el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas, José López, ya arrestados por otras causas.
En el expediente se investiga el presunto direccionamiento de los contratos de obras públicas a favor del detenido empresario Lázaro Báez en la sureña provincia de Santa Cruz -cuna del kirchnerismo- durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y de Fernández.
Ya el pasado 17 de noviembre la Oficina Anticorrupción argentina (OA), que depende del Gobierno de Mauricio Macri, solicitó la apertura del juicio.
Según señaló entonces la OA, la viuda de Kichner "continuó con las acciones de su antecesor", de dotar a la Dirección Nacional de Vialidad de "elevados recursos económicos".
"Que luego, en gran medida, serían canalizados a través de la agencia vial de la provincia de Santa Cruz para beneficiar irregularmente a las empresas del grupo Báez con fondos del organismo nacional", añade el texto, en referencia al Grupo Austral, propiedad de Báez, excolaborador de Kirchner y en prisión preventiva desde hace un año y medio por otro caso de lavado de dinero.
El organismo consideró que Fernández es "coautora de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 49 oportunidades, dado que participó en esa cantidad de contratos irregulares de obra pública vial en Santa Cruz", donde Kirchner fue gobernador de 1991 a 2003.
En total, las adjudicaciones cuestionadas son 51, que totalizan un monto cercano a 46.000 millones de pesos (2.630 millones de dólares).
La pena de prisión prevista es de 50 años, la máxima del Código Penal.
Fernández, que reitera que se siente víctima de una persecución política, tiene varias acusaciones de la Fiscalía y abiertos cuatro procesamientos judiciales por hechos ocurridos durante su mandato.
El primero se debe a supuestas irregularidades en contratos de futuros de dólar por parte del Banco Central -que ya fue elevado a juicio en marzo de este año- y dos por presunta asociación ilícita en la concesión de obra pública, por supuestamente cobrar, a través del alquiler de inmuebles a empresarios como Báez, retornos económicos de los sobrecostos de las obras adjudicadas.
Por último, también está procesada por el supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos de cometer un atentado contra una mutua judía de Buenos Aires que dejó 85 muertos en 1994.
Con información de EFE
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