Se trata de una causa emblemática sobre la participación de empresarios en crímenes durante la dictadura militar y que involucra a tres exdirectivos -dos ya fallecidos- y al jefe de seguridad de la firma, además de un jefe militar.
Las víctimas eran todos operarios de la planta de Ford ubicada en la localidad de Pacheco, en un suburbio al norte de Buenos Aires, algunos de ellos delegados gremiales.
Los trabajadores fueron arrestados por fuerzas militares mientras cumplían con su trabajo dentro de la planta entre el 24 de marzo de 1976, fecha del golpe de Estado, y agosto de ese año.
Fueron retenidos en el quincho de la planta, en el que funcionaba un lugar de esparcimiento para los operarios, donde las víctimas fueron golpeadas y torturadas por unas doce horas, según testimonios que obran en la causa.
Luego fueron trasladados a comisarías y más tarde alojados en cárceles a disposición del Poder Ejecutivo.
Los acusados son el exgerente de Manufactura de Ford, Pedro Müller; el exjefe de Seguridad de la planta en General Pacheco, Héctor Francisco Sibilla; y el exjefe del Cuerpo IV del Ejército, Santiago Omar Riveros.
El presidente de compañía en esa época, Nicolás Enrique Courard y el gerente de Relaciones Laborales, Guillermo Galarraga, ya fallecieron.
A Riveros se lo acusa de ser coautor de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, amenazas y tormentos, entre otros.
A Müller y Sibilla, de haber aportado los medios necesarios para la comisión de dichos crímenes.
La querella considera que los empresarios fueron piezas clave para identificar a los trabajadores con actividad sindical para su posterior detención. También por haber prestado las instalaciones de la empresa donde fueron torturados y los vehículos en los que luego fueron trasladados a dependencias policiales.
La primera audiencia se realizará luego de varias postergaciones que han demorado el trámite por casi dos años.
AFP
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