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Locales

Reconstrucción del hecho

Bonomi respondió a reclamo de pensión de familia de testigo asesinada

El ministro reafirmó que su cartera no retiró la custodia a la mujer, cuya familia solicita una pensión como víctima de un delito violento.

14.11.2017 15:26

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2017-11-14T15:26:00-03:00
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El ministro del Interior Eduardo Bonomi dijo este martes que analizará el caso de la pensión solicitada por la familia de la mujer que fue asesinada tras haber sido testigo de un homicidio, aunque remarcó que a la víctima nunca se le retiró la custodia policial que la protegía.

El diario El Observador publicó este martes que la familia de la mujer, asesinada en mayo de este año, presentó una demanda contra el Poder Judicial y el Ministerio del Interior por 200 mil dólares. Además, solicitó al Banco de Previsión Social (BPS) que el hijo de la fallecida, de 6 años, reciba la pensión prevista por la Ley 19.039, que establece compensaciones para "víctimas de delitos violentos".

La norma establece que la pensión se genera cuando se registre "un homicidio en ocasión de delitos de rapiña, copamiento o secuestro". En su artículo 3° se aclara que el pago corresponde "siempre y cuando la víctima no sea el autor, coautor o cómplice del delito".

Ramiro Viera, abogado de la familia, dijo al matutino que recurrirá la resolución, presentando casos anteriores en los que se les otorgaron pensiones a familiares de personas asesinadas en situaciones similares.

El abogado consideró que "hay responsabilidad del Estado" porque existió "negligencia" con la custodia policial que debió proteger a la mujer.

Consultado este martes en rueda de prensa, Bonomi afirmó que la versión que maneja la familia "no se ajusta" a lo sucedido porque "no fue que alguien retiró la seguridad" a la mujer.

El ministro sostuvo que la custodia "estaba en una casa" pero la víctima "se fue de la casa sin avisar y la mataron en otra casa".

Bonomi aclaró que no conocía en detalle el reclamo de la familia, por lo que "hay que ver". El ministro recordó que la ley establece el pago para víctimas de algunos delitos y no "en situaciones en que la persona participa en actividad que lleva a eso".

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