Basso cuestionó el dinero destinado por mutualistas a publicidad y ventas

El ministro de Salud Pública Jorge Basso defendió este martes la decisión de la cartera de no abrir el "corralito mutual" cuestionó el dinero invertido por las mutualistas en campañas publicitarias y fuerza de venta para atraer afiliados en cada período.

Basso visitó este martes la Comisión de Salud del Senado, convocado por el senador del Partido Nacional Javier García para brindar explicaciones sobre la resolución de no permitir que los usuarios cambien libremente de prestador de salud durante 2018.

En rueda de prensa luego de la sesión, Basso apuntó que el MSP detectó que "la magnitud de dinero vinculada al proceso de cambio de institución venía aumentando" en los últimos años. En 2017, señaló, los prestadores destinaron 7 millones de dólares a campañas publicitarias y 4 millones a la "fuerza de venta", es decir, la infraestructura necesaria para afiliar a los usuarios.

"Había un conjunto de dinero que salía del Fonasa, que son dineros públicos, que se estaba destinando al cambio de prestadores", señaló.

Para Basso, "hay que buscar un mecanismo que permita al usuario vincularse directamente con el prestador, desestimando lo que tiene que ver con la intermediación".

Por su parte, el senador Javier García cuestionó la postura del gobierno, afirmando que "apuesta por mantener presos a los usuarios de mutualistas por un puñado de delincuentes con los que no puede", en referencia a quienes incurren en el delito de intermediación lucrativa.

García sostuvo que ese delito fue una consecuencia directa de la invención del "corralito mutual", ya que "en la medida que el prestador sabe que tiene al usuario asegurado durante 36 meses, puede destinar 6 cuotas al intermediario".

El legislador del PN opinó que "hay que proteger los derechos y la libertad de elección de cada usuario" y remarcó su convicción de que se debe eliminar el "corralito".

 El mecanismo de extensión del corralito elegido por el MSP para este año, consideró, "garantiza la mala calidad del servicio" porque "la institución sabe que al socio lo tiene preso 3 años".