La Justicia argentina decretó el miércoles el procesamiento del ex ministro de Planificación Julio de Vido (2003-2015) por el supuesto desvío irregular de fondos que iban destinados a la construcción de viviendas sociales.
La Cámara Federal de Buenos Aires también resolvió mantener el procesamiento de Hebe de Bonafini, la presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo (una de las dos escisiones de la formación original), que respaldaba a la organización encargada de la construcción de las viviendas.
El tribunal acusa a De Vido y Bonafini, así como a Sergio y Pablo Schoklender (al cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que administraba las ayudas) y al ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros, de un delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y ordenó para cada uno un embargo de 250 millones de pesos (9,84 millones de dólares).
El caso aborda un supuesto desvío de más de 200 millones de pesos argentinos (unos 7,9 millones de dólares de acuerdo al cambio actual, aunque un monto mayor en su momento) en el programa "Sueños compartidos", un plan estatal impulsado por el Ejecutivo de Cristina Fernández (2007-2015) para la construcción de viviendas sociales y administrado por la fundación de Madres de Plaza de Mayo.
Según la Cámara, el Gobierno concedió contratos sin licitación pública por valor de 1.250 millones de pesos (50,15 millones de dólares al cambio actual), y la fundación de las Madres cobró 749 millones de ellos, aunque 206 millones fueron desviados hacia los Schoklender, que más tarde lo emplearon la compra de inmuebles, vehículos y yates y llevaron a cabo un lavado de activos.
Tras conocer su procesamiento, fuentes cercanas a De Vido afirmaron que el fallo se enmarca en un panorama político en el que existe la "sospecha de estar viviendo tiempos en los cuales las resoluciones judiciales se adaptan a los calendarios políticos cotidianos".
La defensa del ex ministro acusó al tribunal de atribuirle responsabilidades penales "de manera abstracta" y "sin ningún tipo de prueba objetiva", solo fundamentadas en el cargo que desempeñaba en el momento de los hechos.
Además, anunció un recurso a un fallo que "vuelve a poner seriamente en tela de juicio la actuación de un Poder Judicial que parece estar a la orden del día de las necesidades del panorama político nacional, ejerciendo una vez más con arbitrariedad la imposición de poder punitivo sobre la oposición".
(Fuente: EFE)
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