La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) exhortó el jueves a Uruguay a avanzar en el combate a la impunidad ante crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).
"Durante 2017, la sensación de impunidad e injusticia por parte de ciudadanos, familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil en general ha aumentado considerablemente a raíz de diversos episodios, acciones y omisiones institucionales", destaca el capítulo de Uruguay del informe anual que presentó la organización.
En ese sentido, el documento hace referencia a una serie de amenazas realizadas en febrero de 2017 contra defensores de los derechos humanos que investigaban violaciones practicadas durante el régimen militar.
"Se destacan los crímenes cometidos durante la última dictadura y episodios en el 2017 en relación a amenazas, así como algunos fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que van en contra del derecho internacional, que establece que los crímenes de lesa humanidad no prescriben", subrayó a Efe la coordinadora de educación de derechos humanos de AI en Uruguay, Lucía Pérez.
El informe critica también que "a casi dos años" del robo de material confidencial sobre causas judiciales a las oficinas del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF), y de la realización de amenazas a los integrantes del organismo, "no se observan avances en las investigaciones que buscan esclarecer los hechos".
Estos grupos de personas, "además de promover la impunidad, intentan instaurar el miedo ante las investigaciones y el accionar de la justicia", según la AI.
Asimismo, la organización ve con gravedad la ausencia del gobierno en dos de las tres sesiones a las que fue convocado a participar durante el 162 Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana en mayo de 2017.
Por otro lado, la AI destacó la tradición uruguaya de adherir a tratados y acuerdos internacionales en pro de los derechos humanos e instó al país "a realizar todos los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento" a las recomendaciones del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) y garantizó que hará "un trabajo de monitoreo y seguimiento de la implementación efectiva".
Entre los cambios necesarios están la "revisión y ajuste" de regulaciones procesales y llevar a cabo capacitaciones de jueces, abogados, policías o miembros de la Asamblea General.
El informe, que hace un balance sobre la situación general del país en materia de derechos humanos, destacó también "la falta de una política integral contra la discriminación que protegiera a las personas LGBTI" durante el año de 2017, así como la elevada tasa de embarazo de niñas y adolescentes, la dificultad de acceder a servicios de salud reproductiva en las zonas rurales, y la obstrucción al acceso al aborto legal "por objetores de conciencia".
Sobre la violencia de género, la AI señaló que entre enero y noviembre hubo 27 feminicidios. Por lo que exige al Gobierno "que se tomen las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de las víctimas" e "incrementar de manera sustancial el presupuesto destinado a combatir la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes".
(Fuente: EFE)
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