La jueza Wendy Beetlestone, de Pensilvania, otorgó una medida cautelar temporal que bloquea la derogación, argumentando que está en contra del interés público de dicho estado.
El mandato para la cobertura gratuita de anticonceptivos fue una de las políticas de la Administración de Barack Obama más disputadas que se adoptaron bajo la Ley del Cuidado de Salud Asequible y que generó decenas de demandas por empleadores que alegaron objeciones por motivos religiosos.
Sin embargo, ante la incapacidad de Trump de derogar por la vía legislativa la reforma sanitaria de su predecesor, ha tratado de desmontar algunos de sus pilares a través de decretos ejerciendo su poder ejecutivo.
Ese es el caso del mandato sobre la cobertura de anticonceptivos, así como la súbita reducción de inversión que ha hecho sobre las campañas de inscripción de seguros.
Sobre la salud sexual femenina, el mandatario también ha dado pasos para revertir cualquier tipo de ayuda a la anticoncepción, como cuando emitió en mayo una orden ejecutiva encargando a tres departamentos del gabinete que consideraran una reglamentación nueva para "abordar las objeciones de conciencia del mandato de cuidado preventivo".
Asimismo, el magnate restableció apenas tres días después de asumir el cargo la norma conocida como "política de Ciudad de México", la cual prohíbe al Gobierno federal asistir a asociaciones en el extranjero que ayuden en el acceso al aborto.
De hecho, no solo se dedicó a reinstaurarla, sino que amplió su alcance obligando a que ninguna organización que reciba dinero estadounidense pueda promover o abordar servicios abortivos.
Es decir, una clínica que reciba asistencia estadounidense para el alivio del VIH o el zika perderá todo ese dinero si proporciona información a las mujeres embarazadas acerca del aborto.
Con información de EFE
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