Se trata de la aplicación concreta de un Pacto de Estado alcanzado por los partidos parlamentarios en septiembre pasado, que empezará a desarrollarse en 2018 y contará con unos doscientos millones de euros de financiación en su primer año.
Las medidas incluyen mejoras en la asistencia y protección de las víctimas, en la sensibilización y la educación, y en las formación de los profesionales que intervienen en el proceso.
En concreto, habrá una mayor prevención de la violencia de género y sexual en todas las etapas educativas y se mejorará la coordinación entre juzgados y administraciones.
Al maltratador separado se le suspenderá el régimen de visitas de los hijos menores, según lo aprobado hoy por las diferentes administraciones en un plan que también incluye una mayor formación de personal sanitario, judicial y policial que pueda estar en relación con casos de violencia machista
Habrá campañas informativas y se fijará un protocolo para la actuación sanitaria ante casos de mutilación genital femenina, entre otras medidas.
El acuerdo fue ratificado hoy por unanimidad de los representantes de las distintas administraciones del Estado español, aunque su financiación ha sido uno de los puntos más controvertidos del encuentro.
De los 200 millones con los que se dotará al pacto el primer año, ochenta los aportará el Gobierno central, cien corren a cargo de las diecisiete regiones españoles y los veinte restantes a los ayuntamientos.
Desde que en 2003 empezó a llevarse una contabilidad, 918 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.
EFE
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