¿Inter qué?

En Uruguay esto se considera un derecho. En cambio, pagar las consecuencias de un sistema injusto y deficitario es algo que está por fuera del radar de los ciudadanos, los gobernantes y los políticos.

Lo vemos todo el tiempo y todos somos, en mayor o menor medida, cómplices. A veces parece que los uruguayos viviéramos la fantasía de los derechos sociales sin límites ni contraprestaciones. La confusión no es autóctona y nace de una lectura absurda de la evolución jurídica de los denominados "derechos sociales".

La legislación internacional en la materia reconoce que las personas no sólo no pueden ser privadas de sus derechos individuales básicos (como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la propiedad y la libre expresión del pensamiento), sino que la plena vigencia de la dignidad humana requiere el acceso a cierto quantum de bienes y servicios.

Pero si resulta fácil entender que no hay dignidad humana sin acceso a la salud, el agua potable, el saneamiento y la vivienda, también lo es que su concreción requiere dinero, a diferencia de lo que ocurre con las libertades políticas. De modo que si existe el derecho a no ser abandonado por la sociedad cuando no podemos valernos por nosotros mismos, allí se inscribe la denominada "seguridad social".

La idea de que existe un universo de derechos que debe ser provisto por el Estado cualquiera sea la condición en la que haya transcurrido la vida productiva de las personas, es una expresión moderna de la máxima marxista "de cada cual, según su capacidad, a cada cual según sus necesidades".

El precepto, justo es reconocerlo, ya formaba parte del Nuevo Testamento, donde aparecen los apóstoles repartiendo el dinero de las primeras comunidades cristianas, dándole "a cada uno lo que necesitaba".

Si alguien quiere entender el fracaso universal del sistema comunista, no tiene más que aplicar este axioma a cualquier colectivo humano. Pronto se encontrará con recursos materiales más o menos fijos o limitados para satisfacer derechos variables, subjetivos e incrementales.

Con el derecho de los cincuentones a que se modifique la ley en nuestro beneficio ocurre algo parecido: se enfrenta a la realidad de que el sistema previsional es deficitario y el ejercicio de tal derecho, una vez que se termine el dinero que ingrese al Banco de Previsión Social, empeorará la performance del sistema en unos doscientos millones de dólares por año.

Ya no se trata sólo de volver al denominado "sistema de solidaridad intergeneracional". Lo que haremos será cargar sobre los hombros de nuestros hijos y nietos el peso de sostener un sistema previsional que, en el mediano plazo, resultará insostenible.

Una curiosa manera de entender la solidaridad, la paternidad y el patriotismo.