Las cifras publicadas por el Ejecutivo comunitario revelan un aumento significativo del contenido ilegal eliminado por las compañías tecnológicas, cuya tasa se situaba en el 59 % del contenido en mayo de 2017.
Según la tercera revisión del código de conducta firmado entre estas empresas y Bruselas, el 81 % del contenido denunciado fue examinado en un periodo de 24 horas, una cifra que duplica los datos de la primera ronda de evaluación de ese protocolo.
"Estos datos demuestran que, cuando existe una estrecha colaboración entre las empresas, la sociedad civil y los responsables políticos podemos conseguir resultados y, al mismo tiempo, preservar la libertad de expresión", dijo en rueda de prensa la eurocomisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová.
La comisaria agregó que redes sociales como Instagram y Google+, filiales de Facebook y Google, también han decidido unirse al código, que de momento tiene un carácter voluntario.
Adhiriéndose de forma voluntaria al código de conducta propuesto por la CE, las compañías se comprometieron en 2016 a examinar las notificaciones de casos de incitación al odio en internet y a retirar esos mensajes en el plazo de menos de 24 horas o bien a deshabilitar el acceso a tales contenidos.
La comisaria aclaró que la lucha contra los mensajes de odio en internet no corresponde únicamente a las empresas tecnológicas sino también a los usuarios y la sociedad civil, y aclaró la diferencia entre libertad de expresión y mensajes de odio.
"Trabajamos sobre la base de la defensa de la libertad de expresión. Se puede ofender, hacer sátiras, críticas ofensivas etc siempre y cuando estos mensajes no inciten potencialmente a la violencia", explicó.
Jourová aseguró que, en caso de duda sobre si un mensaje incita al odio o no, la norma es no eliminarlo en aras de defender la libertad de expresión.
La CE considera que, a pesar de los datos positivos, es necesario mejorar la transparencia para que no sean solo las compañías tecnológicas las que decidan qué es legal y ampliar la colaboración entre empresas, representantes de la sociedad civil y autoridades para defender conjuntamente los valores europeos en internet.
Con información de EFE
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